Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Por: Stalin Martínez

“La denominada guerra antidrogas es una gran hipocresía del imperio, concretamente de Estados Unidos y sus aliados, con el objetivo de militarizar e imponer políticas contrarias a los pueblos”.
Eduardo Galeano

El reciente y amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, incluyendo el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford, un submarino nuclear y operaciones en las aguas limítrofes con la República Bolivariana de Venezuela, constituye una amenaza regional.

Cuando la fuerza naval se presenta bajo la consigna del “combate al narcotráfico”, pero al mismo tiempo existen informes y declaraciones contradictorias sobre la supuesta amenaza real que representaría Venezuela en ese ámbito, es necesario cuestionar las verdaderas intenciones detrás de esta exhibición de poder.

Estados Unidos ha utilizado, en repetidas ocasiones, argumentos de orden público, lucha contra el crimen o defensa de la democracia para justificar intervenciones que buscan influir o cambiar regímenes incómodos a sus intereses geoestratégicos y económicos, como es el caso de Venezuela país con la mayor reserva de petróleo del mundo además de poseer múltiples recursos minerales.

En la memoria histórica de la República Dominicana se registran intervenciones militares como las de 1905-1907, cuando buques de guerra intervinieron directamente las aduanas dominicanas; la ocupación de 1916-1924; y la intervención de abril de 1965, conocida como Operación Power Pack, en la que se enviaron más de 40 mil marines bajo el argumento de evitar una “segunda Cuba”.

La democracia de los pueblos latinoamericanos ha sufrido múltiples retrocesos como consecuencia de estas operaciones armadas: el golpe de Estado contra Jacobo Árbenz en Guatemala (1954), contra Juan Bosch en República Dominicana (1963) y contra Salvador Allende en Chile (1973), todos ellos con el mismo denominador común: fueron coordinados por Estados Unidos en alianza con élites locales, seguidos por gobiernos o juntas militares responsables de persecución, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos.

Hoy Estados Unidos ha utilizado el tema del supuesto “Cartel de los Soles” para presionar políticamente, imponer sanciones y construir narrativas de amenaza que forman parte de su estrategia histórica de intervención en el continente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sostenido públicamente incluso ante la Asamblea General de la ONU que el “Cartel de los Soles” no existe y que dicha denominación es una “excusa ficticia” utilizada por sectores de derecha para desacreditar o intentar derrocar gobiernos no alineados a los intereses estadounidenses.

Petro ha argumentado que atribuir el narcotráfico venezolano a una organización militar estructurada es una narrativa política más que una realidad comprobada. En contraste, ha afirmado que el tráfico de cocaína a través de Venezuela estaría controlado por la llamada “Junta del Narcotráfico”, un entramado internacional cuyos principales beneficiarios residen en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.

Además, Petro ha insistido en que la lucha antidrogas debe basarse en la cooperación entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela, y no en discursos que perpetúan estigmas y bloquean soluciones reales.

La Carta de las Naciones Unidas, las convenciones internacionales y los tratados regionales establecen claramente los mecanismos de cooperación en seguridad, incluyendo combate al narcotráfico, asistencia judicial mutua, intercambio de información y operaciones coordinadas con el consentimiento de los Estados ribereños y el respeto a la jurisdicción marítima.

El uso de fuerza letal en aguas internacionales o en zonas próximas a la costa de un país soberano, sin mandato claro o sin coordinación pertinente, abre la puerta a violaciones del derecho internacional y, en el peor de los casos, a crímenes de guerra si se aplica fuerza excesiva contra civiles o tripulaciones no armadas, como está ocurriendo en el mar Caribe y el Pacífico.

La ONU, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha condenado enérgicamente los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe, señalándolos como posibles ejecuciones extrajudiciales. Türk advierte que existen “fuertes indicios” de que esos ataques violan el derecho internacional y recuerda que el uso de fuerza letal debe ser el último recurso, algo que según él no se está cumpliendo. También pidió una investigación urgente por parte de Estados Unidos.

Si, como sugieren informes de agencias estadounidenses y observadores independientes, Venezuela no es el principal origen de las sustancias que afectan el mercado norteamericano, el despliegue militar adquiere otra lectura: no se estaría buscando cerrar rutas de narcotráfico, sino ejercer presión política.

Estados Unidos ha designado al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios venezolanos como “terroristas” o vinculados al narcotráfico, lo cual según su propia doctrina autoriza acciones más agresivas como congelar activos, sancionar a terceros o incluso justificar operaciones militares.

Esta política hacia América Latina va más allá del caso venezolano. La narrativa conjunta sobre Maduro, los carteles mexicanos y recientes acusaciones contra Petro evidencian un enfoque regional de presión política, sanciones económicas y posibles intervenciones justificadas bajo la bandera de la “guerra contra las drogas”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado enfáticamente cualquier intervención estadounidense en territorio mexicano. Ha insistido en que puede haber cooperación e intercambio de inteligencia, pero siempre bajo respeto a la soberanía y sin subordinación.

El grave consumo de drogas en Estados Unidos no es solo un problema interno, sino un motor de criminalidad y desestabilización regional. Esto subraya la necesidad de políticas integrales de prevención, cooperación internacional y desarrollo alternativo que reduzcan tanto la oferta como la demanda.

La situación actual evidencia que la unidad latinoamericana es indispensable frente a la arremetida de la administración Trump, que combina sanciones, presiones diplomáticas, acusaciones y despliegues militares en la región.

Eduardo Galeano advertía que donde interviene el ejército estadounidense queda un país convertido en manicomio y ruinas. Basta mirar Irak o Libia para comprender cómo intervenciones disfrazadas de cruzadas por la democracia terminan generando caos, fragmentación y décadas de violencia. Hoy, frente a la escalada contra Venezuela, esta memoria histórica no puede ignorarse.

No se trata de apoyar gobiernos, sino de impedir que la lógica de las invasiones y los castigos colectivos vuelva a destruir naciones bajo el pretexto del orden y la libertad. América Latina tiene la responsabilidad histórica de preservar su territorio como zona de paz.

Solo a través de la coordinación política, integración económica y solidaridad diplomática los países latinoamericanos podrán defender su soberanía, garantizar estabilidad interna y mantener la región alejada de intereses externos que históricamente han desestabilizado gobiernos legítimos.

La publicación Cuentos gringos y su vieja narrativa de denominación apareció primero en El Día.