La presente contienda electoral y el montaje para las votaciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo año costarán a los contribuyentes y donantes miles de millones de pesos. Un aspirante a ocupar la Presidencia de la República tiene derecho a invertir en la propaganda de su precampaña RD$70.00 por cada ciudadano hábil para ejercer el sufragio, lo cual equivale en estos momentos a RD$519.6 millones.

El padrón tenía registrado 7,422,416 ciudadanos con derecho al voto al pasado 7 de julio, según datos de la Junta Central Electoral (JCE). Las tres demarcaciones con más votantes, y, por lo tanto, con mayor perspectiva de gasto en propaganda electoral, son Santo Domingo, con 1,651,748 (22.28%); el Distrito Nacional, con 852,579 (11.48%) y Santiago, con 834,978 (11.25%).

Una vez escogido como candidato presidencial por su partido, el derecho a destinar fondos a su campaña del aspirante aumenta a RD$122.50 por cada inscrito en el padrón general. Esto significa que el candidato podría destinar hasta RD$909.2 millones por elector. Con los citados RD$519.6 millones autorizados en la precampaña, el aspirante tiene la posibilidad legal de destinar, en las dos etapas, RD$1,428.8 millones para promover sus aspiraciones de llegar a encabezar el Poder Ejecutivo.

Los límites para invertir en la precampaña están establecidos en el artículo 42 de la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, del 13 de agosto de 2018.

Los aspirantes a ocupar una posición de senador o diputado en el Congreso Nacional tienen derecho a destinar en esta etapa RD$60.00 por cada inscrito en su demarcación. En el caso de Santo Domingo, la provincia más habitada que concentra 1,651,748 electores (el 22.28%), serían RD$99.1 millones.

Los precandidatos a dirigir las diferentes alcaldías pueden destinar RD$50.00 por elector y los regidores RD$25.00, mientras que los directores de distritos municipales son autorizados a invertir RD$100.00 por elector, y los vocales RD$25.00.

La JCE tiene derecho a indexar los montos conforme a la inflación. La Ley 33-18 advierte que “las contribuciones individuales hechas por particulares con el propósito de aportar a los precandidatos a los cargos de elección popular no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) de los límites o topes”. De modo que un elector puede aportar RD$5.2 millones a un precandidato presidencial en la etapa interna de sus aspiraciones.

Para la campaña general, una vez escogidos sus candidatos, los partidos, agrupaciones o movimientos políticos tienen derecho a destinar R$1.75 por electores hábiles en el padrón (RD$12.9 millones), según la Ley Orgánica de Régimen Electoral (número 15-19), del 18 de febrero de 2019.

La Ley 15-19 autoriza a los candidatos presidenciales a invertir en campaña RD$122.50 por empadronado (más de RD$909.2 millones en estos momentos). En esta etapa los aspirantes a congresistas pueden destinar RD$105.00 por votante y RD$87.50 los aspirantes a alcaldes y directores de distritos municipales.

Los regidores y vocales pueden destinar RD$43.75 por votantes y los directores de distritos municipales con menos de cinco mil electores, RD$150.00.

También la Ley 15-19 limita al 1% de las sumas autorizadas a las contribuciones individuales de particulares que quieran aportar a un candidato. En el caso de la Presidencia este monto ascendería ahora a unos RD$9.1 millones.

El político o la política que vaya a ocupar la Vicepresidencia carece de un tope de gasto limitado por ambas leyes, algo que Carlos Pimentel, director ejecutivo del movimiento Participación Ciudadana (PC), ve como uno de los errores del marco jurídico.

“Las leyes no dicen nada sobre la Vicepresidencia, quien la quiera ocupar puede gastar lo mismo que el candidato a la Presidencia sin ningún problema, o puede gastar más porque la Vicepresidencia no tiene tope”, dice.