El pasado 27 de agosto del año en curso, la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, convocó a una reunión a los abogados constituidos y apoderados especiales de los imputados en el caso Odebrecht con la finalidad de garantizar una adecuada organización y desenvolvimiento del conocimiento del Juicio de Fondo que inicia hoy.
César José García Lucas, en calidad de Secretario General de la Suprema Corte de Justicia, realizó la convocatoria de conformidad con las atribuciones y funciones conferidas por los artículos 77 y 305 del Código Procesal Penal y por las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia.
Participaron representantes de la Procuraduría General de la República y los abogados de los imputados Juan Roberto Rodríguez Hernández, Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga Arzeno y Tommy Alberto Gala.
Durante el encuentro se les comunicó a las partes el calendario de días y los horarios pautados para la celebración de las audiencias, así como las medidas de acceso a la SCJ, a la sala de audiencias y la previa acreditación de los abogados y sus asistentes, según informó la Suprema Corte.
El Secretario General de la SCJ, también informó a los convocados acerca de la disposición de herramientas tecnológicas para la recepción y exhibición de las pruebas.
Además, los abogados fueron informados acerca de las actuaciones procesales vinculadas al juicio, prercisa la información dada el 27 de agosto de 2019 por la Suprema Corte de Justicia. Los imputados son:
Tommy Galán:
Senador desde 2006 por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El Ministerio Público asegura que, desde el cargo de presidente de la comisión de finanzas del Senado, influyó entre sus colegas para que se aprobaran contratos de obras millonarias a favor de Odebrecht a cambio de grandes sumas de dinero.
– Ángel Rondón:
Representante comercial de Odebrecht en la República Dominicana. Acusado de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.
Es señalado como la persona que distribuía los sobornos a funcionarios y legisladores para conseguir proyectos y agilizar su financiación. La acusación asegura que creó un complejo entramado corporativo a través del cual introducía al país los fondos de origen ilícito, en un evidente esquema de lavado de activos.
– Andrés Bautista:
Empresario del sector agropecuario, ocupó la presidencia del Senado en tres períodos en la década pasada y fue presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM). Acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
De acuerdo con el Ministerio Público, tenía estrechas relaciones con Rondón, facilitó la red de sobornos a favor de Odebrecht y movilizó millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas, “detentando hoy un multimillonario patrimonio que sencillamente no puede justificar”.
– Víctor Díaz Rúa:
Empresario del sector construcción, exministro de Obras Públicas (2007-2012) y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (2004-2007). Al momento de su arresto en mayo de 2017 era secretario de finanzas del PLD.
Acusado de recibir sobornos y prevaricación en el ejercicio de sus funciones. Según la Fiscalía, Díaz Rúa presenta “un patrimonio de proporciones exorbitantes, imposible de justificar con los salarios que devengó” como director y ministro de las citadas instituciones.
– Conrado Pittaluga:
Abogado. Acusado de soborno, enriquecimiento patrimonial ilícito y lavado de activos.
Según el Ministerio Público, sirvió como testaferro y cómplice de Díaz Rúa, recibiendo sobornos millonarios para la adjudicación a Odebrecht de la Autopista del Coral, en el este del país.
– Roberto Rodríguez:
Exsenador, exdiputado y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, miembro del PRM.
Acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por supuestamente haber recibido sobornos y falsear su declaración jurada y ocultado numerosos inmuebles, productos financieros y empresas, “a fin de no revelar el sustancial patrimonio que había acumulado ilícitamente”.
Investigación inició formalmente 26 de diciembre de 2016
La investigación por los sobornos inició formalmente el 26 de diciembre de 2016 cuando el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó que solicitó a todas las instituciones del Estado que contrataron o adquirieron servicio de la empresa brasileña que le remitan todos los contratos e informaciones respecto a las obras.
Interrogados
Por el caso fueron interrogados Radhamés segura, exvicepresidente de CDEEE; Freddy Pérez, exdirector de Obras Públicas; Juan Roberto Rodríguez; Mariano Germán, Alberto Holguín y Rafael Suero Miliano, exdirectores de INAPA; Víctor Díaz Rúa, exministro de obras Públicas y exdirector de INAPA; César Sánchez, exadministrador de la CDEEE; Andrés Bautista, Jesús ?Chú- Vásquez y Ramón Alburquerque, expresidentes del senado; Alfredo Pacheco, Julio César Valentín y Abel Martínez, expresidentes de la Cámara de Diputados, Frank Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhi), Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado y Cristina Lizardo, expresidenta del senado. De igual manera el senador Tommy Galán Grullón, el exdiputado Ruddy González, el exministro de hacienda, Vicente Bengoa, Leonardo Font-Bernard, yerno de Víctor Díaz, Conrado Pittaluga Arzeno, abogado, así como Larry Shell y Henry Marquard, ejecutivos de Stanley Consultants. Al despacho del procurador también acudieron el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Vichara, el director de INAPA, Orlando Mazara; el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás; el del (Indrhi), Olgo Fernández y Francisco Pagán, director de Oficina Supervisora de Obras del Estados (OISOE).
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