El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció ayer que llevarán cuatro casos vinculados a programas sociales por ante la Procuraduría General de la República, por considerar que tienen indicios de naturaleza penal.
Sin embargo, el funcionario rehusó mencionar los casos, que a su juicio están en la fase de terminación y que tienen mérito de ir a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Tras ser entrevistado en el programa El Despertador, por Ricardo Nieves y Rosa Encarnación, Pimentel aclaró que son instituciones con la característica que indica había una estructura montada y funcionada para drenar las contrataciones.
Expresó que las mismas eran realizadas con proveedores y servidores públicos al interior de esas instituciones relacionadas con programas sociales del Gobierno.
“Hemos identificado frecuencias de casos, con múltiples características y modalidades de operaciones similares que nos hacen entender que no se trata de violación a la compra en una contratación específica, sino que dentro de un tiempo estuvo operando en esas gestiones”, dijo.
Pimentel detalló que en dos de los casos están terminando el informe, mientras que los restantes están recabando más informaciones, tras reiterar que esos casos irán al ministerio público por entender que son de naturaleza penal.
El 10 de este mes, el director de Contrataciones Públicas y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, llevaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el sometimiento relacionado con la contratación de 11,500 millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas.
Durante una visita a la sede del máximo tribunal, ambos funcionarios argumentaron que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones del Estado.
“Creemos que el ministerio público, a través de sus departamentos correspondientes, cuenta con todos los recursos y herramientas necesarias para realizar una amplia investigación penal de este caso a los fines de esclarecer los hechos”, explicaron los funcionarios en un documento conjunto.
ASFALTO
Proceso.
El informe de la Dirección de Contrataciones Públicas colgado en la página web se establece que los procedimientos excepcionales que se siguieron en esas compras por parte del Ministerio de Obras Públicas, sin hacer una licitación, “no fueron llevados a cabo conforme al debido proceso administrativo que rige las compras y contrataciones públicas”.
En adición al caso de Obras Públicas de la gestión pasada, ahora se añaden los casos relacionados a programas sociales. (LD)