Hace siete días a través del Listín Diario – visto el rechazo general a los nuevos impuestos – propusimos al Presidente Abinader retirar los impuestos y gravar las ganancias extraordinarias del oro que pasó de USD$ 1,371 dólares la onza en promedio en el 2019 a USD$ 2,067 en agosto pasado.

El Presidente anoche, aunque no se conocen los términos de la negociación con la Barrick Gold, informó al país que junto a la banca llegó a un acuerdo con dicha empresa para obtener los fondos que le permitirán retirar las propuestas de impuestos a los servicios Netflix, YouTube, Spotify y Claro, al salario 13 y a las ventas extraordinarias en ocasión de la Pandemia. La ciudadanía – sin lugar a dudas, recibe esta noticia con notable alborozo.

La pregunta es ¿Hacia falta este fiasco que comprometió el capital político del Presidente? La respuesta es no: Es evidente que al Presidente le hacen falta consejos que no suplieron el Ministro de Hacienda ni el Director General de Presupuesto.

En otro aspecto, si bien es cierto que aún hay ira popular en contra del PLD y, es indudable que en algunas áreas – como en la corrupción y el endeudamiento -, con notable justificación, no hay que abusar de esa película porque ante la más mínima crisis o exceso persecutorio partidario, en el ánimo de la gente pueden pesar más sus 16 años de crecimiento económico.

La ética es parte esencial de la filosofía política, pero no de la política, en la que es exclusivamente, un elemento que debe orientar la acción: Perseguir al PLD por las cuentas de las campañas del 2012 y 2016, es una tontería a menos que tengamos a mano el financiamiento que suministró Odebrecht establecido por las autoridades norteamericanas en el Informe del Departamento de Estado del 2016.

Lo que éticamente si correspondía, desde hace tiempo, era sacar a Odebrecht de las contrataciones en el país y, desde luego, se le debe cobrar la suma pactada que no ha sido pagada; debemos saludar la disposición del Ejecutivo en este sentido: Que Odebrecht se vaya.

En el discurso del Presidente – al margen de las argumentaciones – lo esencial es el acuerdo con la Barrick Gold para evitar los impopulares impuestos que amenazaron la tranquilidad del Gobierno, lo segundo, constituir al Estado en actor civil en el proceso que se lleva a cabo en contra de los imputados de soborno por las obras realizadas por dicha empresa y, desde luego, Odebrecht II, que tiene que ver con Punta Catalina, en el que informó que se pagó USD$ 39 millones.

En Punta Catalina pagamos – cientos de millones de dólares – por encima de lo convenido y aún nos están cobrando más siguiendo la práctica de las adendas.

La designación de una firma de abogados para representar al Estado – no a la sociedad que ya está representada por la Procuraduría – puede crear condiciones para lograr que Ángel Rondón pase a ser testigo a cargo, lo que permitiría certeza de condena: Este imputado, si se analiza el expediente y las vinculaciones familiares del manejo, no tendría de otra.

Por otra parte los nuevos delitos no forman parte de las viejas negociaciones llevadas por el Gobierno del PLD en el 2017 para encubrir – controlando los efectos del soborno – y pueden incluir procesar por estos delitos a los jerarcas de la firma extranjera – que no fueron incluidos en el proceso – y, a los nuevos implicados.

Del discurso del Presidente, estos parecen ser los perfiles esenciales: No impuestos por ahora y nuevo giro a Odebrecht, lo demás, fue retórica que escondió la debilidad del cuerpo de asesores del Presidente que, ni previeron la reacción pública a los impuestos y obviaron la mejor fuente – la única justificable – para sustentar las partidas que faltaban para cubrir los gastos e inversiones del Gobierno en el 2021. (LD)