Para la audiencia de medida de coerción contra los implicados en la Operación Medusa, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha aportado 47 testigos con los cuales busca demostrar que sí hay razones para imponer prisión preventiva contra la presunta red criminal que operó desde la Procuraduría General de la República.
Entre estos se encuentran la encargada de almacén, tres fiscales titulares y una mujer que afirma haber sido víctima de acoso sexual tras pedir un aumento de salario a uno de los imputados.
Testimonios
Con el testimonio de Rainiery Medina Sánchez, exencargada de almacén, el Ministerio Público busca demostrar cómo operaba el entramado criminal que presuntamente formaron el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, la encargada del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Jenny Marte, el exdirector administrativo de la PGR, Jonnathan Rodríguez, la subdirectora administrativa y financiera Altagracia Guillén, el sub- director financiero, Alfredo Solano, el exdirector del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, Javier Forteza; el exasesor Miguel José Moya, Rafael Mercedes y Empresas Desarrollo, Individuo & Organización (DIO, SRL) y el exjefe de gabinete de la PGR, Rafael Canó, quien está prófugo.
De igual manera hablará de la creación de la Dirección de Coordinación Institucional en la que funcionaba el Movimiento Político Renovación, a la cual presuntamente se le desviaban fondos que eran de la institución para hacer campaña política.
Con las informaciones de una empleada del Departamento de Tecnología, cuyo nombre se reserva por la naturaleza de la imputación, la Pepca dice que demostrará que ella “le pidió a Forteza aumento salarial y este le contestó que qué había para él, refiriéndose a asuntos sexuales, que posteriormente le manifestó en una conversación por WhatsApp”.
Esa testigo, así como otros, hablarán de los espionajes que se hacían a todos los empleados, los bloqueadores de señales y las supuestas capacitaciones sobre integración y fortalecimiento de clima laboral a las que no asistieron.
El testimonio del fiscal titular de Bahoruco, Esteban Cuevas, tratará de probar que insumos y materiales gastables, a los que se hace referencia en documentos de remisión a la fiscalía de Uvilla durante los años 2019 y 2020, no fueron recibidos en esa demarcación: “Él desconoce dicha entrega y los datos generales de las personas que supuestamente reciben las mismas, estableciendo que no trabajan en dicha Fiscalía”.
Edward Núñez, fiscal de la provincia Hermanas Mirabal, será llamado para demostrar que se hacía “desvío de fondos destinados a actividades institucionales, toda vez que los insumos a que se refieren dichos expedientes no han sido recibidos en la Fiscalía a la que supuestamente fueron entregados”.
Equipos bloqueadores de señales
Para demostrar que el exprocurador Jean Alain Rodríguez utilizó un equipo bloqueador de señal de la Procuraduría en una villa de su propiedad, el Ministerio Público presenta como testigo al fiscal de Independencia Soni Rosario, quien describe que una vez concluyó la gestión del exprocurador, un asistente suyo le llamó para que firmara una comunicación devolviendo el anti dron ManPack Drone Jammer. “Con el que se prueba que en una conversación con el imputado Jean Alain Rodríguez, en su despacho, éste le manifestó que le hiciera un favor, que había un dron que le prestaban a la fiscalía y que en su casa había un problema con espionaje ilegal a través de drones y que quería que le diera acuse de recibo como que lo estaba recibiendo”.
La jueza Kenya Romero reenvió para este jueves la audiencia en que se conocerá pedimento de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo. (Diario Libre)