La Corte Constitucional de Colombia decidió retirar el delito de aborto del Código Penal hasta las 24 semanas.

La disposición se tomó por cinco votos a favor y cuatro en contra, aunque no se ha logrado una mayoría para la despenalización total.

El fallo supone un avance histórico y coloca a Colombia a la cabeza de América Latina en derechos sexuales y reproductivos; pero aún no marca el final del camino de los grupos feministas, que buscan eliminar el delito en todos los casos.

La decisión de este lunes llenó los alrededores de la Corte de cientos de personas que han celebrado el fallo: “¡América Latina será toda feminista!”.

Aprobación del aborto en otros países

Otros países, como Argentina o México, también convirtieron la interrupción del embarazado en un derecho de las mujeres en los últimos meses.

Pero el delito aún persiste en algunos Estados mexicanos y fuera de las 14 semanas que establece la ley en Argentina para el aborto libre.

La decisión este lunes en Colombia va más lejos que la argentina al llegar hasta la semana 24. La Corte informó del fallo en un comunicado en el que “exhortó” al Congreso y al Gobierno a garantizar que la decisión se cumpla; esto, en el menor tiempo posible.

¿Cuáles casos incluía la interrupción del embarazo en Colombia?

Hasta ahora en Colombia convivía el derecho al aborto en tres causales -violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer-, aprobado en 2006, con el delito en caso de interrupción del embarazo fuera de estos casos.

Pero en la práctica, la posibilidad de una condena ha frenado el acceso al aborto legal y seguro. En especial entre las mujeres más vulnerables.

El miedo a ser denunciadas separó a lo largo de estos 15 años a miles de mujeres de las clínicas legales, incluso encontrándose dentro de las causales.

La mayoría de las demandas por el delito de aborto han partido del propio sistema de salud -entre el 59 y el 70 % de las denuncias son de sanitarios- lo que siempre mandó un mensaje que se leyó como un “aquí no vengan”, explica Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, una de las organizaciones que integran Causa Justa.

El delito incluido hasta hoy en el código penal -y que continuará para quienes aborten fuera del plazo establecido y de las tres causales- apuntaba en dos direcciones: a la mujer y al ejecutor del aborto, lo que generó un rechazo generalizado entre los sanitarios a practicar interrupciones. Entre los años 2006 y 2019, más 5.700 mujeres tuvieron que enfrentarse a la justicia.

Las demandantes han defendido a lo largo de estos meses que el delito no protege la vida en ningún caso. Tampoco frena los abortos.

Lo que consigue la criminalización es apartar a las mujeres del sistema de salud para buscar métodos o clínicas ilegales que ponen en peligro su vida. Ahora solo será delito después de la semana 24 siempre que no se ajuste a las causales.