El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, volvió a defender la lucha contra la corrupción que se lleva a cabo desde el Ministerio Público al asegurar que seguirán concentrados en desmontar estructuras.
“Nosotros no perseguimos casos, nosotros perseguimos estructuras que se han dedicado a depredar el erario, por eso nosotros hacemos operaciones, porque esas operaciones procuran desmontar estructuras», señaló el director del órgano acusador.
El magistrado aseguró que hoy en día perseguir la corrupción y el crimen organizado caso por caso es un modelo desfasado, “es por eso que las operaciones que se ejecutan engloban múltiples casos de corrupción como son las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y Salud Pública”, puntualizó.
El representante del Ministerio Público durante la revisión obligatoria a cuatro de los involucrados en el caso de corrupción Medusa, cuya cabeza el Ministerio Público atribuye al exprocurador Jean Alain Rodríguez, y mediante la cual supuestamente se estafó al Estado con más de seis mil millones de pesos, volvió a repetir que los procesos que lleva a cabo ese organismo son blindados.
Caso Medusa
En la revisión obligatoria, a cuatro implicados en el caso Medusa, la jueza del cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Cruz, falló para mantener en prisión preventiva a Alfredo Alexander Solano Augusto, Jonathan Joel Rodríguez Imbert y domiciliaria a Rafael Antonio Mercedes Marte y Altagracia Guillén Calzado.
La magistrada entendió que los acusados no han variado los presupuestos que dieron origen a las distintas medidas coercitivas. Sobre los dos primeros pesa la prisión preventiva de 18 meses en Najayo. Mientras que Guillén Calzado, exsubdirectora Administrativa y Financiera de la PGR y Mercedes Marte, exencargado del departamento de Contabilidad de la misma institución, seguirán en prisión domiciliaria y tienen impedimento de salida del país.
Además del exprocurador y los cuatro señalados, por el caso también es procesado el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jenny Marte Peña y Miguel José Moya. A este último le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
El caso involucra también a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez, quien fue arrestado el pasado año en España y solicitada su entrega a la República Dominicana para que responda por los hechos de corrupción que se le imputan.
Según consta en el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos. DL