Los cárteles de la droga en México recurren cada vez más al internet, el bitcoin y el comercio electrónico para lavar dinero y vender drogas, señala un informe difundido el jueves por un ente independiente respaldado por Naciones Unidas que se encarga de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas.
El documento de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dijo que el cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa están utilizando cada vez más pequeñas compras en línea de bitcoin para evitar los controles de lavado de dinero.
De acuerdo al estudio se cree que los cárteles mexicanos lavan unos 25,000 millones de dólares al año en México. Después de dividir las ganancias de las drogas en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, los cárteles usan esas cuentas para realizar “compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin en línea lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo”.
“Tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones”, refiere el estudio.
Asimismo, se reconoce que los vendedores en línea tiene un “impacto significativo” en la venta de drogas. Los sitios web a menudo anuncian píldoras mezcladas con fentanilo como Xanax, Adderall u Oxycodone.
Al respecto Raúl Martín del Campo, miembro de la JIFE, dijo que “la mayoría de las personas no saben que están usando fentanilo”.
Del Campo afirmó que los cárteles de la droga también están reviviendo viejas recetas de narcóticos sintéticos que habían caído en desuso debido a sus efectos secundarios.
La JIFE advirtió en su informe que hay cada vez mayores pruebas de la relación entre la exposición a las redes sociales y el consumo de drogas ilícitas, sobre todo entre los jóvenes, que son los principales usuarios de esos medios y están dentro de un grupo etario con altos índices de ingesta de dichas sustancias.
Ante esa situación la Junta pidió a los gobiernos que reglamente esas plataformas e instó al sector privado a que modere y autorregule sus medios digitales y limite la publicidad, y la promoción del consumo de drogas con fines no médicos, señala un comunicado de prensa difundido por la ONU.
En algunos países de la región como en Nicaragua el Congreso de ese país, controlado por el oficialismo, aprobó a finales de 2020 una legislación especial para combatir los ciberdelitos y fortalecer la protección de los sistemas de comunicación estatal, normativa que fue objetada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de periodistas que acusaron al gobierno de Daniel Ortega de utilizar la ley para criminalizar el periodismo de investigación y espiar las comunicaciones privadas.