La fiscalía rusa ordenó el viernes un «control estricto» de las empresas extranjeras que anuncian que suspenden sus actividades en el país debido a la intervención militar rusa en Ucrania.

«Los fiscales van a establecer un control estricto del respeto de la ley del trabajo, pago de salarios y cumplimiento de las obligaciones contractuales», anunció el fiscal general en un comunicado.

El comunicado asegura que «reprimirá con firmeza» cualquier intento de las empresas que dejan Rusia «de no respetar unilateralmente sus obligaciones».

Además, amenaza con acciones judiciales contra las sociedades que aleguen un quiebra «ficticia o premeditada».

Tras el ingreso del ejército ruso en Ucrania, muchas empresas anunciaron suspender o cancelar sus actividades en Rusia, desde Coca-Cola a H&M, pasando por McDonald’s, Ikea, Shell o BP. 

Sin pronunciar la palabra «nacionalización» el presidente ruso, Vladimir Putin, se declaró el jueves favorable al nombramiento de administradores «externos» en la dirección de empresas extranjeras que dejan el país «para transferirlas a quienes quieren hacerlas funcionar».

Centenares de miles de empleos están amenazados, en momentos en que las sanciones occidentales que golpean el sistema financiero ruso y su industria, pueden sumir al país en una profunda crisis económica.