(CNN Español) – Entidades no gubernamentales nicaragüenses e internacionales pidieron este lunes en la Organización de Estados Americanos la aplicación de mecanismos para que Nicaragua rinda cuentas por las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018 hasta la fecha.

Las organizaciones participaron en la audiencia pública virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación del país centroamericano, en la que no participó el gobierno de Daniel Ortega.

Esmeralda Arosemena, relatora de la CIDH para Nicaragua, lamentó la ausencia del representante del Estado en la sesión de este lunes.

«Nicaragua tiene los compromisos que ha adquirido en los convenios interamericanos y en los convenios internacionales que ha firmado».

«Hoy más que nunca urge que la comunidad internacional, esta ilustre comisión y los demás mecanismos de protección internacional, aúnen e intensifiquen sus esfuerzos para lograr que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial de las graves violaciones cometidas por el régimen», expresó María Luisa Gómez, del Instituto Raza e Igualdad.

«Por ello les solicitamos respetuosamente que continúen demandando al Estado, primero que proceda a la liberación inmediata de todas las personas que permanecen presas por motivos políticos, el fin de su criminalización, la derogación del marco legal que posibilita su judicialización, sin fundamento alguno, y la revocación de sus sentencias condenatorias», agregó Gómez.

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La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, expresó que a casi cuatro años del inicio de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega no se han investigado agresiones a ciudadanos presuntamente cometidas por agentes estatales o paraestatales, que derivaron en cientos de muertos, heridos y detenidos.

«El régimen (es responsable) de 355 muertes, la mayoría con características de ejecuciones extrajudiciales, más de 2.000 heridos, decenas con secuelas de discapacidad, 1.614 presos políticos, según contó la CIDH en un momento determinado. Más de 100.000 nicaragüenses se vieron obligados a salir de Nicaragua para salvar sus vidas, todos permanecen sin investigar».

Según Núñez, en 11 de los casos de fallecidos en las protestas de 2018 las autoridades policiales condicionaron la entrega de cadáveres a sus familiares a la firma de actas donde renunciaban a que se realizara una investigación, y los cuerpos fueran llevados para realizarles una autopsia, lo que para ella representa el inicio del «encubrimiento de los crímenes».

En anteriores ocasiones, el gobierno de Ortega ha considerado anteriores informes de la CIDH como parcializados y basados en información de organismos opositores.

CNN ha solicitado a las autoridades de Nicaragua una reacción a esta audiencia, pero hasta el momento no han respondido.

Nuñez recordó que antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 se intensificó lo que considera una campaña represiva que derivó en la detención y enjuiciamiento de personas percibidas como opositoras.

«A la fecha permanecen arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos al menos 169 personas, entre ellas 14 mujeres y 7 precandidatos presidenciales, sometidos a malos tratos y actos que constituyen torturas», dijo la presidenta del Cenidh.

Según Núñez, desde el 1 de febrero hasta la fecha han sido declarados culpables y condenados a penas de entre 7 y 13 años de cárcel al menos 45 personas por el delito de conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, lavado de dinero o difusión de noticias falsas. Incluidos en la llamada Ley de Soberanía, aprobada en diciembre de 2020 por el Parlamento de Nicaragua, que controla Ortega.

Por su parte Ligia Gómez, investigadora del observatorio Urnas Abiertas, expresó que lo que las votaciones de 2021 perpetúan la impunidad y la violación de los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

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«El Poder Electoral, como parte de la estrategia represiva de la dictadura, eliminó toda la competencia electoral, restringió la participación política y es el máximo responsable del fraude fraguado».

El Gobierno ha insistido en que durante el 2018 fue víctima de un intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos, y que las acciones por reestablecer el orden obedecieron a la necesidad de reactivar la economía y facilitar la movilización de ciudadanos.

El gobierno reconoció 200 víctimas fatales en 2018, incluyendo a policías.

En el caso de los opositores detenidos, Ortega ha expresado que eran parte de una «red criminal» que canalizaba fondos para organizar acciones de desestabilización en el país.