La poca agilidad con que la justicia estaría despachando los casos de fraude con las tarjetas del programa de auxilio social gubernamental Supérate está inquietando a los miembros del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia.

Su coordinador, Tony Peña Guaba, se quejó de que el Ministerio Público tarda mucho en proceder contra las personas que están vinculadas a esos fraudes y citó un caso en que se tardaron un año para conseguir una orden de allanamiento.

Se trató de una estafa ocurrida en Santiago en que una persona llegó a sustraer unos 20 millones de pesos del programa Solidaridad (hoy Supérate). 

El funcionario entiende que la justicia debe ser más solícita y adelantó que se reunirán próximamente con la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

“En los próximos días vamos el jefe de la Policía Nacional, la directora de Adess (Administradora de Subsidios Sociales), la directora de Supérate, el Dicat (Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología) conjuntamente con el DNI (Departamento Nacional de Investigaciones) a visitar la procuradora para nosotros mejorar la situación con el ministerio público”, declaró Peña Guaba a Diario Libre.

“Necesitamos que sean un poco más solícitos de parte del Ministerio Público para nosotros poder allanar más comercios al mismo tiempo y poder trabajar con mayor amplitud para poder coger (atrapar) la gente”.

De acuerdo a informaciones suministradas por la Adess, las estafas con la clonación de tarjetas o uso no autorizado de cédula de identidad, han superado los 300 millones de pesos en los últimos dos años, sobre todo, luego que el gobierno implementó el programa de ayuda social Quédate en casa en medio de la pandemia del COVID-19.

Por esos fraudes, unas 40 personas han sido sometidas a la justicia y al menos 86 colmados son investigados. El caso más reciente corresponde a los propietarios de seis establecimientos que, en apenas tres días, habrían sustraído unos 14 millones de pesos mediante la clonación de tarjetas de los beneficiarios de Supérate.

El grupo está a la espera de que se le conozca media de coerción que le solicitó la Fiscalía de la provincia Santo Dominigo Este.

Peña Guaba señaló que los fraudes a los beneficiarios del programa, sea los que cobran con tarjeta o con cédula, son constantes, pero que tratan de enfrentarlos endureciendo el trabajo con los organismos de seguridad del Estado. 

Insiste en que, sin una sinergia con el Ministerio Público, se le hace imposible detener a los que comenten los fraudes. 

“Tú sabes que nosotros, ni la Adess ni ninguna de las otras oficinas podemos intervenir de forma directa sino tenemos la orden de un juez. No podemos allanar un comercio si no tenemos eso y muchas veces para nosotros poder lograr agarrar a la gente que al día de hoy se ha agarrado es por la insistencia, sobre todo de la Adess y nosotros que estamos permanentemente solicitando medidas de coerción en diferentes provincias y, hasta que no nos la den, no podemos intervenir”, declaró.