En su discurso sobre el Estado de la Unión a principios de este mes, el presidente de los EE.UU. comenzó mencionando el conflicto en Ucrania, pero pronto se hizo evidente que su principal interés era enfocar los asuntos domésticos de su país, a fin de lograr avances en su agenda de iniciativas pendientes de aprobación legislativa. Dentro de esos asuntos, la economía ocupó el primer lugar, posiblemente por el impacto que puede tener en los resultados de las elecciones del próximo noviembre.

En particular, el nivel de la inflación es motivo de preocupación, independientemente de que pueda ser atribuida a causas externas. Como estrategia, Biden propuso una curiosa alternativa. Dijo que era posible para las empresas hacerle frente de dos formas; reducir los salarios, o disminuir sus costos y aumentar su producción y se inclinó, lógicamente, por la segunda opción.

Fue una disyuntiva curiosa porque los salarios son parte de los costos, lo que implica que se refería a otros tipos de costos. Más aun, acompañó su exhortación a que aumentaran la producción con una sugerencia de que pagaran salarios más elevados, lo que da a entender que está contando con un incremento en la productividad. Agregó además que el gobierno ayudaría a reducir los costos al bajar, por ejemplo, los precios de los medicamentos, y a elevar la producción, esto último a través de su ambicioso programa de inversiones en infraestructura. Y como para eso se necesita dinero, reiteró su propuesta de gravar con mayor fuerza a los segmentos sociales de mayores ingresos.

La aspiración de Biden de que todos los componentes de las cadenas de producción sean fabricados en los Estados Unidos concuerda con las intenciones de su predecesor en la Casa Blanca. A pesar de ser políticamente atractivo, ese llamado pasa por alto que las transformaciones ocurridas en la economía estadounidense, dominada ahora por los servicios, han hecho cambiar las ventajas comparativas que orientan el comercio internacional.