El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) puede ser excarcelado el próximo jueves, después de que la resolución que restituyó su indulto siga el trámite en el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), comentó este lunes uno de sus abogados, Elio Riera, a un diario local.

«El Tribunal Constitucional (TC) tiene que dar a conocer su fallo. Luego se tiene que notificar a la defensa para que se crucen los oficios al Poder Judicial y al Instituto Nacional Penitenciario», explicó Riera al diario La República.

El letrado estimó que «entre dos o tres días, tal vez el jueves, podría estar siendo liberado Fujimori», quien cumplía una sentencia de 25 años de cárcel por la matanza de 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

El pasado jueves, el TC aprobó un recurso de habeas corpus que restituye el indulto humanitario que le otorgó a Fujimori el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017 y, desde entonces, el exmandatario, de 83 años, está a la expectativa de salir de la prisión en el penal policial de Barbadillo.

Sus seguidores y simpatizantes se turnan para hacer vigilia en los exteriores del penal a la espera de que Fujimori salga con probable rumbo a un centro médico, dado su frágil estado de salud, según adelantó su familia.

A pesar del rechazo que ha generado esa resolución en diversos sectores, el abogado de Fujimori justificó el indulto porque se trata de «una persona anciana» y «con problemas de cáncer», aunque ese diagnóstico ya no es mencionado en los informes médicos del exgobernante sino sus problemas cardíacos y pulmonares.

Riera también señaló que «en caso de que esta sentencia sea analizada por instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), los procuradores deben tomar partido por el fallo del TC».

La CorteIDH ha dado una semana de plazo al Estado peruano para que le informe sobre las medidas provisionales que ha tomado tras el fallo del TC y le pidió que «ponga de inmediato conocimiento al Tribunal Constitucional» sobre esas acciones.

Los organismos de derechos humanos en el Perú acudieron un día antes del fallo del TC ante la CorteIDH para solicitar una medida provisional y, al ser conocida la resolución, presentaron otro escrito pidiendo que actúe de inmediato mediante el proceso de supervisión de la sentencia.

A su vez, el Gobierno del presidente Pedro Castillo anunció que recurrirá a los organismos de justicia internacional para intentar revertir la decisión del TC.

El viceministro de Justicia, Juan Carrasco, quien también preside la Comisión de Gracias Presidenciales, señaló que «esto significará (acudir) a las vías internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y, a través de estos medios, revertir este fallo».