Estados Unidos anunció este viernes que adoptó nuevas sanciones contra Birmania unos días después de haber acusado oficialmente a los militares de ese país de haber perpetrado un «genocidio» contra la minoría musulmana rohinyá.
El Departamento del Tesoro sancionó a «cinco personas y cinco entidades ligadas al régimen militar birmano», dijo en un comunicado emitido por el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera de la entidad, Brian Nelson. Entre ellos hay dos comandantes militares y una división de infantería, además de tres empresarios.
Las nuevas sanciones contemplan la congelación de cualquier activo en Estados Unidos e impiden cualquier transacción con ciudadanos estadounidenses.
«Estados Unidos concluyó que el ejército birmano cometió genocidio, crímenes contra la humanidad y una limpieza étnica contra los rohinyás», así como «atrocidades y otros abusos contra miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios durante décadas», afirmó el Departamento del Tesoro.
Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el lunes que el gobierno había establecido que «miembros del ejército birmano cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los rohinyá en 2016 y 2017″.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el Tribunal Supremo de Naciones Unidas, está llevando a cabo procedimientos para determinar si el gobierno birmano fue culpable de ese crimen.
Entre las nuevas entidades sancionadas por el Tesoro estadounidense figura la 66 División de Infantería Ligera (66 LID), una unidad militar con sede en el cantón de Pyay, en el sur de Birmania.
El Tesoro la considera «responsable o cómplice de haber utilizado directa o indirectamente la tortura en Birmania«.
Alega que los miembros de esa división están acusados «de llevar a cabo la Masacre de Nochebuena de 2021, en la que civiles de los municipios de Pyay y Hpruso, en el estado de Karen, fueron capturados, torturados y asesinados», incluidos mujeres, niños y trabajadores humanitarios.
Washington también sancionó a líderes y funcionarios de las fuerzas militares o de seguridad de Birmania, entre ellos «Ko Ko Oo, a cargo del comando central y jefe del Departamento de tecnología del Ministerio de Defensa, y el general de división Zaw Hein, a cargo del Comando Nay Pyi Taw».
Apuntó igualmente a personas acusadas de suministrar armas y equipos al régimen militar birmano, como Naing Htut Aung, un traficante de armas que obtuvo equipos de empresas chinas.
Desde el golpe militar de febrero de 2021, el gobierno del demócrata Joe Biden ha adoptado una salva de sanciones contra las autoridades birmanas, en particular contra los jerarcas militares de la Junta en el poder.