La República Dominicana presidió la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la cual se adoptó la resolución “Consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania”, en la que se exige el cese inmediato de las hostilidades por parte de Rusia, así como todo ataque contra la población ucraniana o las infraestructuras civiles.

El representante permanente de República Dominicana ante este organismo, embajador José Blanco, en su rol de vicepresidente del 76º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, moderó los debates de dicho documento que obtuvo 140 votos a favor, cinco en contra y 38 abstenciones.

En sus disposiciones, la resolución también exige la protección de los civiles, incluidos el personal humanitario, los periodistas, y los colectivos más vulnerables, como mujeres y niños.

Otra demanda del principal órgano de la ONU es la protección a los civiles que huyen de los enfrentamientos para permitirles el paso seguro, sin obstáculos ni discriminación de ningún tipo.

Además, el documento conviene la garantía al acceso irrestricto del personal y los suministros humanitarios, y demanda el fin del asedio a las ciudades ucranianas tales como Mariúpol.

Asimismo, el texto condena la violación a las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos, y exhorta a las partes a respetar los estatutos establecidos dentro del marco de los Convenios de Ginebra de 1949.

Por otro lado, la resolución llama a financiar el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU y el plan regional de respuesta para los refugiados de Ucrania en los países vecinos.

Negociaciones Rusia-Ucrania

La Asamblea General alienta a continuar las negociaciones entre todas las partes e insta a la resolución pacífica e inmediata del conflicto entre Rusia y Ucrania a través del diálogo y otros medios, de conformidad con el derecho internacional.

En el encuentro, República Dominicana reiteró su compromiso con la promoción de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales a los cuales el país se adhiere.