El movimiento cívico Participación Ciudadana llamó la atención sobre la necesidad de priorizar el tema electoral, cuya reforma debe culminar este año si se toma en cuenta que el 2023 será prelectoral. Señaló que cualquier modificación en tiempos cercanos a las elecciones implica «mayores dificultades y riesgos» para la Junta Central Electoral (JCE), los organismos contenciosos y para los partidos políticos.
A través de un comunicado enviado a la prensa, Participación Ciudadana exhortó a los sectores que confluyen en el Consejo Económico y Social (CES) a aportar la «voluntad indispensable» y comprometerse en las conversaciones, con un rol activo, para alcanzar resultados tangibles y llegar a los consensos necesarios de las reformas para su posterior ponderación por las cámaras legislativas.
El capítulo dominicano de Transparencia Internacional celebró ayer domingo su XXVIII Asamblea General, en la que renovaron los integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección. En el encuentro se proclamó el 2022 como el “Año en apoyo a reformas orientadas a fortalecer la institucionalidad democrática” por considerar que “se hace impostergable” que el país realice los cambios necesarios para reformar los órganos de control de la corrupción y la criminalidad.
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Las propuestas de reformas incluyen los temas de independencia del Ministerio Público y de las altas cortes, lo político-electoral, sector eléctrico, reforma fiscal, hidrocarburos, laboral, medio ambiente y cambio climático, agua, calidad educativa, modernización de la administración pública, política exterior y migración, salud, seguridad ciudadana y reforma policial, sistema de seguridad social, transformación digital, transparencia e institucionalidad y transporte.
Participación Ciudadana llamó a los legisladores para que las reformas se guíen por el artículo 147 constitucional, que manda a proscribir la corrupción y ordena castigo para toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos del Estado, obtenga para sí o para terceros provechos económicos o proporcione ventajas a sus asociados, familiares, amigos o relacionados.
El movimiento cívico consideró que el Congreso Nacional debe aprobar el proyecto de ley de Extinción de Dominio, que también es un mandato constitucional, consignado en el artículo 51.6. La institución precisa que “es urgente” que se establezca la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, aprovechando que el artículo 147.5 constitucional establece que la ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción.
“Las reformas que ahora se encuentran en discusión son un reto para la sociedad dominicana y no deben ser aplazadas bajo ningún pretexto”, señaló en nota de prensa.
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Sobre la Asamblea General
Fueron elegidos durante la Asamblea General los nuevos miembros del Consejo Nacional: Danilsa Peña Medina, Diego D’Aniello, Isidoro Santana, Miriam Diaz, Naomi Rodríguez, Nora Elizabeth Sánchez, Sarah Adalgisa, y Willy Montan.
Cada año el coordinador general saliente presenta un recuento de las principales acciones y avances durante su gestión. Esta vez estuvo a cargo de Leidy Blanco, quien reconoció el trabajo, la entrega y dedicación de los integrantes del Consejo Nacional y de las comisiones de trabajo de la institución. “Cada cierre de año reafirma la convicción de que la participación ciudadana es un derecho y una responsabilidad que favorece el ejercicio efectivo de la democracia”, destacó Blanco.