La República Dominicana presenta algunas deficiencias en materia de derechos humanos, según el informe anual de Amnistía Internacional de 2021, que señala en especial la violencia de género, la no despenalización del aborto en ninguna circunstancia y la discriminación por orientación sexual.

En lo relativo a la violencia por motivos de género, Amnistía Internacional (AI) cifra en 111 los homicidios de mujeres entre enero y septiembre del pasado año, 61 de los cuales fueron feminicidios, según datos preliminares publicados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Entre enero y octubre, la institución había recibido más de 63,000 denuncias por violencia de género e intrafamiliar, y más de 6,300 denuncias de delitos sexuales.

Además, y a pesar de los indicios presentados en 2019 sobre actos que podían constituir tortura y otros malos tratos por parte de la Policía contra mujeres cisgénero y transgénero dedicadas al trabajo sexual, las autoridades no han elaborado un protocolo nacional para la investigación de la tortura, apunta el informe.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, República Dominicana sigue siendo uno de los pocos países de la región que aún criminaliza la interrupción del embarazo, a pesar de las movilizaciones para exigir la despenalización del aborto en las denominadas tres causales.

La Cámara de Diputados votó en junio pasado contra la despenalización, aun cuando el embarazo constituya un peligro para la vida de la mujer, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo sea resultado de violación o incesto.

En diciembre, el Congreso rechazó de nuevo un proyecto de renovación del Código Penal que despenalizaba el aborto y brindaba protección contra la tortura, la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual o la identidad de género.

Los miembros de la cámara legislativa tampoco aprobaron la ley general contra la discriminación que las organizaciones de la sociedad civil llevaban casi un decenio exigiendo.

Otra circunstancia que Amnistía Internacional destaca es la privación arbitraria de la nacionalidad por parte del Estado dominicano.

En este sentido, pone de relieve que miles de personas nacidas de progenitores haitianos que habían sido inscritas como dominicanas al nacer y que fueron posteriormente despojadas de la ciudadanía siguen sin conseguir documentos de identidad dominicanos y, por tanto, permanecen en situación de ‘apatridia’.

Como aspectos positivos, el documento de AI destaca la ampliación del acceso a la vacuna contra la COVID-19 a las personas migrantes y dominicanas de ascendencia haitiana, que antes estaban excluidas de los planes de inmunización contra la enfermedad.