La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras decide este lunes si da luz verde para que el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) sea extraditado a Estados Unidos, donde se le reclama para procesarlo por narcotráfico.

Los 15 magistrados de la CSJ se reúnen presencialmente este lunes, según su presidente, Rolando Argueta, para resolver una apelación presentada por los abogados de Hernández, contra la decisión de un juez que a mediados de marzo autorizó la extradición.

Estados Unidos solicitó el 14 de febrero la extradición de JOH -como se conoce por sus iniciales-, a quien acusa de conspirar para exportar unas 500 toneladas de cocaína a su territorio, desde 2004.

Un día después fue capturado y aguarda la decisión sobre su extradición en una prisión del cuartel de las fuerzas especiales de la Policía, conocido como Los Cobras.

De acuerdo con las leyes hondureñas, si la Corte Suprema concede la extradición, los magistrados notificarán al juez de la causa, quien ordenará la entrega a las autoridades estadounidenses.

En caso de ser denegada, el encausado será liberado de inmediato.

«Muerto en vida»

Desde la cárcel, el expresidente Hernández se defendió, reiterando que es «inocente» y «víctima de una venganza y una conspiración». 

«Estoy seguro que Dios me hará justicia», dijo en una carta escrita a mano que difundió este lunes.

Reconoció estar viviendo un momento «doloroso» y que es «duro estar separado» de sus seres queridos. «Tres cadenas perpetuas podrían llegar a constituirme en un muerto en vida».

«Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros los hondureños nos llevaría a ser conocidos como narco-Estado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos», argumentó. 

Dijo haber creído «que con la voluntad sincera de las instituciones y sectores del país, más el acompañamiento de nuestros socios y aliados sería un ganar-ganar».

Estados Unidos lo destacaba inicialmente como un aliado en la lucha contra el narcotráfico y fue uno de los primeros en reconocer su reelección en 2017, cuando la oposición reclamaba fraude, en medio de protestas que dejaron una treintena de muertos.

Hernández volvió a calificar las acusaciones en su contra como «una venganza de los carteles» que su gobierno ayudó a extraditar y que ahora buscan rebajar sus penas: «Una trama orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente». 

Droga y armas 

«La justicia va a prevalecer y hay argumentos legales sólidos y fuertes que han sido planteados y que la Corte Suprema de Justicia deberá analizar» para rechazar la extradición, expresó la esposa del exgobernante, Ana García.

«Si hay un ciudadano juzgado debe ser juzgado en nuestro país», añadió.

Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York de tener lazos con el narcotráfico. Los acusadores consideran que la actividad de Hernández y sus colaboradores convirtió a Honduras en un «narco-Estado».

Como él, un exjefe de la Policía acusado de ser su cómplice también aguarda extradición.

Su hermano, el exdiputado «Tony» Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese mismo delito. 

En la petición, Estados Unidos señaló al expresidente por «conspiración (…) para importar sustancia controlada» y «poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos».

Según la solicitud, entre 2004 y 2022 «Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares», por mar y aire.