El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, impuso medidas de coerción de un año de prisión preventiva para seis de los implicados en el caso Iguana, por tráfico de inmigrantes, y declaró el caso complejo.
En una nota de prensa, el Ministerio Público detalla que los imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y el inspector de esa dependencia Johan Rosario Castillo, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz y Juan Mateo Feliciano (Yefo) deberán cumplir un año de prisión en la cárcel de Neyba. También, Deivi Nova Reyes, quien era empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
Mientras que Dominga Guzmán, madre de uno de los imputados, tendrá que presentarse en forma periódica ante el Ministerio Público.
En las audiencias de coerción, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Belkis Ulloa y Wendy González, procuradora general titular de la Procuraduría Regional de Barahona. También por la fiscal Aleika Almonte, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y Alexis Piña y Yoneivy González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La Operación Iguana implicó nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados en la red de tráfico de inmigrantes y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre nueve milímetros.
El desmantelamiento de la red se llevó a cabo en el marco de la investigación del Caso La Placa, por el que el 8 de diciembre del pasado año fue arrestado en flagrante delito Deivi Novas Reyes, quien transportaba de manera ilegal a una cubana con su hija de siete años a bordo de una motocicleta.