(CNN Español) — La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro, que les prohíbe realizar proselitismo político, así como acciones «para violentar el orden público» o promover campañas de desestabilización en el país.
El proyecto de ley lo presentó el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Gustavo Porras, y se aprobó con el voto de 77 diputados sandinistas y sus aliados, mientras que se abstuvieron 12 parlamentarios que la oposición considera afines al gobierno.
El documento deroga la Ley 147, sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro. Según lo establecido en el artículo 47 de la nueva ley, el Estado se quedará con las propiedades de organizaciones cuya personalidad jurídica sea cancelada.
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Entre las causas de la retención estatal de los bienes están la comisión de actos ilícitos para violentar el orden público, el obstaculizar el control y vigilancia de la entidad en la materia y desnaturalizar los objetivos y fines de creación del organismo. También el no reportar estados financieros y cambios en las juntas directivas y la organización de actividades contrarias a su naturaleza.
El presidente de la clausurada Fundación del Río, Amaru Ruiz, al ser consultado por CNN, expresó que la ley anulará organizaciones que no tengan vínculos con el gobierno.
«Estamos ante una ley que prácticamente va a barrer a las organizaciones de sociedad civil que no tenga ningún vínculo con el régimen, es más fácil hacer una depuración de las organizaciones que no son adeptas al régimen, que ir cancelándolas una a una o en bloque como decretos de cancelación que anteriormente hemos visto», dijo Ruiz.
La ley se aprueba tras la cancelación de más un centenar de organismos civiles, desde 2018 a la fecha, en su mayoría por supuestos incumplimientos de sus obligaciones ante el ente regulador, no presentar informes financieros detallados o no actualizar información de sus juntas directivas.