La Suprema Corte de Justicia anuló de manera definitiva, mediante la sentencia SCJ-TS-22-0123, la concesión del Teatro Agua y Luz que le había sido adjudicada de manera ilegal a una empresa vinculada a un hijo del exministro de relaciones exteriores, Miguel Vargas Maldonado.
Mediante un comunicado de prensa, Carlos Pimentel, titular de laDirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), explicó que la Tercera Sala de la Suprema favoreció a esa institución al rechazar un recurso de casación interpuesto por la Consultoría Astur, S.A. (arrendataria) en contra de la resolución RIC-96-2020 que declara ilegal la licitación para el arrendamiento del Teatro Agua y Luz. La resolución RIC-96-2020, la emitió Contrataciones Públicas.
Con anterioridad, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) también le había dado la razón a Contrataciones Públicas al declarar improcedente una solicitud de medida cautelar interpuesta por la empresa arrendataria.
En ese entonces, enero de 2021, el TSA determinó que la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Consultoría Astur S.A. era improcedente ya que, no reunía los requisitos exigidos en la ley 13-07, en el sentido de que la arrendataria del Teatro Agua y Luz no había realizado trabajos de remozamiento de ese bien inmueble de carácter público, y no evidenció las razones por las que no había recibido las remodelaciones contratadas, establece una documentación de Contrataciones Públicas.
En ese sentido, los efectos de la Resolución RIC-96-2020, emitida al inicio de la actual gestión de Carlos Pimentel, se encuentran vigentes. Dicha resolución anuló el proceso de licitación CFIH-CCC-LPN-2015-001 llevado a cabo por la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels), por tratarse de un contrato de concesión ilegal a 25 años y no de arrendamiento como fue convocado.
La empresa Consultoría Astur, S.A., es representada por su gerente Alan Omar Vargas García.
El director de Contrataciones Públicas reiteró que continuará en los tribunales en defensa del patrimonio público en el marco de sus competencias.