El presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), José López Deschamps, reiteró que los productores avícolas no apoyan la iniciativa de ley que cursa en la Cámara de Diputados que busca gravar con tasa cero el arancel de importación de 67 subpartidas arancelarias entre las que se encuentra el pollo y partes de pollo.
Lopez Deschamps consideró la iniciativa como lesiva para el sector agropecuario nacional, y en especial para el sector avícola dominicano y las más de 100,000 familias de pequeños y medianos productores que se dedican a la actividad.
El presidente de la entidad empresarial informó que se usó incorrectamente el nombre de ADA en un documento que se depositó en la Cámara de Diputados en el día de hoy con unas propuestas de modificaciones a la ley y que solicitó a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) subsanar dicha situación, lo que fue confirmado por la AIRD mediante comunicación enviada a la Cámara de Diputados, en donde expresó que ni ADA ni la Junta Agroempresarial Dominicana fueron parte de ese acuerdo. Este medio tuvo acceso a dicha carta.
En adición, el presidente de la ADA explicó que no existe ningún estudio que demuestre que la ley tasa cero tendrá un impacto positivo en la reducción de precios de la canasta básica, y que, por el contrario, permitiría que se importen al país productos de 149 países con los que no existen acuerdos comerciales, poniendo en riesgo la industria avícola, la salud de los consumidores y abriendo la puerta a plagas y enfermedades no presentes en el territorio.
Lopez Deschamps agregó, además, que: “Todos los proyectos de ley similares que han sido aprobados en otros países como Colombia, El Salvador, entre otros, tienen en común que no incluyeron rubros de producción nacional. Ninguno de esos países que tienen una avicultura importante como la nuestra, incluyeron el pollo en sus leyes”.
Reiteró que el sector avícola es autosuficiente en la producción de pollos y huevos, y que están abiertos al diálogo para trabajar en conjunto iniciativas que conlleven a reducir el impacto del aumento de costos que han significado las secuelas de la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania, para así garantizar que los consumidores reciban un producto de calidad a precios competitivos, sin dañar el valor económico y estratégico de la producción de alimentos.