El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que dispone la supresión del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con la derogación de la Ley No. 7, del año 1996 que dispuso su creación.
La iniciativa fue depositada el 4 de octubre del año pasado por el Poder Ejecutivo.
Fue aprobada con 25 votos a favor y tuvo tres votos en contra.
De acuerdo al informe de la Comisión Permanente de Hacienda, el CEA forma parte de los órganos del Estado que el Poder Ejecutivo anunció su eliminación o reforma a través del decreto 422-20.
Las demás instituciones sobre las cuales el gobierno dispuso sean suprimidas son la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Esta última será fusionada con el Ministerio de Energía y Minas.
El informe de la comisión señala: “El Congreso Estatal del Azúcar fue identificado por la Comisión de Liquidación de Órganos del Estado (CLOE) como un órgano que representa un gasto ineficiente de recursos del presupuesto y que ha generado situaciones controversiales en el pasado”.
Añade que esas situaciones “producto de cuestionables ventas, arrendamientos y operaciones inmobiliarias en relación a terrenos propiedad de los ingenios azucareros a cargo del CEA”.
Agrega que el CEA actualmente realiza las funciones de administrar contratos de arrendamiento y supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado y por la empresa arrendataria y propicia formas de diversificación de la industria de la caña del azúcar.
Además, el CEA vela por el buen uso, manejo y administración de los recursos mineros y forestales de su propiedad; impacta de manera positiva la producción de ganado de calidad, a través de Ceagana y otros y ejecuta acciones para reducir los niveles de pobreza de los residentes en los bateyes.
Concluye que todas las funciones citadas con anterioridad están vinculadas al Ministerio de Agricultura y sus dependencias, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Bienes Nacionales y otras instancias estatales, por lo que su disolución fomenta la eliminación de la duplicidad de funciones.