Aunque se anunció que la presa de colas que procura construir la minera Barrick Gold se levantará en la provincia Sánchez Ramírez, donde se evalúan dos zonas con esos fines, todavía el Ministerio de Medio Ambiente no recibe una propuesta formal de cuáles serían exactamente esos lugares.
El titular de esa dependencia gubernamental, Orlando Jorge Mera, declaró este lunes que sigue pendiente el que la empresa les indique el lugar previo a realizar el estudio de impacto ambiental, luego de que llegaran a un acuerdo para que la obra no se levante en Cuance, Yamasá, como inicialmente pretendía la minera.
“No le hemos aprobado nada porque está pendiente que se cumpla con el proceso establecido por la Ley 64-00. Cada cosa tiene su momento. Solo te puedo afirmar que no será en Cuance, gracias al rol jugado por este Ministerio y el apoyo del Gobierno”, dijo el ministro.
En una nota de prensa distribuida el viernes pasado, el Gobierno anunció: “Hemos llegado a un acuerdo con la empresa Barrick Pueblo Viejo para que la presa de colas sea construida en Sánchez Ramírez, zona en donde se encuentran sus operaciones. Para la nueva localización hay dos opciones que pudieran ser viables para la compañía minera”.
Pero el ministro de Medio Ambiente dijo que no podrá confirmar esos lugares hasta tener los datos en las manos y se formalice la propuesta de parte de la empresa.
A partir de ahí, aseguró, informarán los pasos próximos, en la medida que se vayan dando y conforme al procedimiento establecido en la ley, adelantando que harán las vistas públicas y los estudios de impacto ambiental.
Para el ambientalista Luis Carvajal, que ha mantenido una postura crítica a los planes de construir la presa de colas en Cuance, el Gobierno ha sido poco transparente con las informaciones, y cuestiona que se tome la decisión de llevar la obra a Sánchez Ramírez, sin que se haya depositado alguna documentación de parte de la empresa.
Sin embargo, Jorge Mera entiende que en la fase en la que están, todavía no es necesaria la presentación de documentación.
En su artículo 42, la ley 64-00 establece que el estudio de impacto ambiental será costeado por el interesado y realizado por un equipo técnico que debe estar registrado en el Ministerio de Medio Ambiente. El documento es público y sujeto a discusión. Ese ministerio deberá emitir las normas técnicas, estructuras, contenido, disposiciones y guías metodológicas necesarias para la elaboración del estudio.