El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reiteró este martes la supuesta corrupción que existe en el canódromo, lugar, donde, junto a la prensa, fue víctima de una agresión por parte de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) este lunes.
Un día después del incidente, Ulloa abordó el tema con el presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, a fin de que el Estado busque la forma de adecentar el centro de acopio de vehículos, en el que cientos de personas viven una odisea una vez que sus vehículos son trasladados a ese lugar.
El defensor del Pueblo trató con el mandatario que el Estado debe ejercer su responsabilidad no solo de inspección, sino también entregar los vehículos tal y como fueron llevados.
Ulloa dijo que Abinader acogió de buena forma la propuesta del canódromo y que se esperan buenos resultados, de ese y otros temas, los cuales no especificó.
Por otro lado, Ulloa calificó de «penoso» que la Digesett informara que el impasse ocurrió porque el Defensor del Pueblo llegó de forma sorpresiva al canódromo
«¿Cómo una consultoría jurídica pone a un director a emitir ese tipo de opinión? Si le leyera el artículo 3 de la Ley 19-01 entendería un elemento básico del derecho, que es la inspección», indicó Ulloa luego de la reunión con el mandatario.
En ese sentido, dijo que el defensor del Pueblo puede entrar a cualquier institución estatal sin ningún tipo de notificación.
Ulloa reiteró que la corrupción del canódromo «no es solo de la coronela, sino de una estructura completa en la administración».
Después de la agresión al defensor del Pueblo y miembros de la prensa, el director de la Digesett, general Ramón Antonio Guzmán Peralta, destituyó del cargo a la directora del canódromo, la coronela Ysabelita de los Santos. En su lugar fue designado de manera interina el teniente coronel Hipólito Rijo Santana.