La dirección de CDN Canal 37 presentó este miércoles una querella en contra de la Dirección General de Seguridad de Transporte y Tránsito Terrestre (Digesett) y los agentes vinculados en la agresión física a un equipo de prensa de ese medio durante el incidente registrado este lunes en el canódromo.
El medio de comunicación presentó ante la Fiscalía del Distrito Nacional donde depositó pruebas de las agresiones, al tiempo que informó que se prepara para continuar el proceso judicial a través de abogados.
Alba Nely Familia, directora de CDN Canal 37, manifestó mediante un comunicado que “la agresión contra nuestro personal, contra colegas de otros medios y la destrucción parcial de los equipos es una acción repudiable y una violación grave a la libertad de prensa que no podemos dejar pasar por alto. Por lo que debemos tener cero tolerancias con este tipo de acción que vulnera la esencia de la democracia”, expresó la periodista.
Las acciones judiciales de CDN Canal 37 están amparadas en violaciones a varios artículos de la Constitución de la República, del Código Penal, de la Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento y otras legislaciones.
“El ejercicio periodístico que realizamos desde nuestro medio de comunicación, y que realizan todos los colegas periodistas busca denunciar el atropello de la autoridad contra la ciudadanía, incluyendo a nuestros periodistas, camarógrafos y choferes. Personal que sale todos los días a realizar un trabajo digno y fundamental para la estabilidad social”, finalizó Familia.
Participación Ciudadana rechaza incidente
En tanto que, representantes del movimiento cívico Participación Ciudadana expresaron su rechazo a la agresión de que fue objeto el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, al tiempo que consideraron que la acción “constituye un grave atentado a la libertad de prensa, agravado por la acción de borrar lo documentado en el incidente, afectando el derecho a la información que tiene la población”.
“Es totalmente inaceptable que frecuentemente miembros de los cuerpos policiales y militares se comporten de manera dictatorial, agresiva y arbitraria contra ciudadanos y ciudadanas, y menos aún contra una autoridad constitucional como el Defensor del Pueblo, totalmente revestido del derecho de presentarse en cualquier organismo público o privado donde se haya denunciado violaciones a los derechos de la población”, señaló el movimiento en nota de prensa.
Participación Ciudadana enfatizó que, “tratar de impedir su entrada a un recinto público, agredir a la comitiva, despojar de cámaras y celulares a los miembros de la prensa, son delitos que deben ser sancionados de manera ejemplar, no sólo con la destitución sino también con un sometimiento a la justicia”.