Los fiscales que investigaron la muerte de Diego Maradona dieron por concluida la pesquisa y solicitaron que los profesionales de la salud imputados en el caso enfrenten un juicio oral por presunto homicidio.
El Diez falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de Buenos Aires tras una cirugía en que se le extrajo un edema craneal.
Si bien la autopsia concluyó que Maradona falleció por causas naturales, la justicia inició una pesquisa por impulso de los hijos del exfutbolista y convocó a una junta médica de expertos, la cual concluyó que el desempeño del equipo de salud fue inadecuado y temerario.
Los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, a cargo del caso, presentaron el miércoles un dictamen ante el juez Orlando Díaz en el cual consideraron que hay pruebas suficientes para juzgar al equipo de ocho profesionales médicos que atendieron al exfutbolista.
El equipo estuvo integrado por el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid.
Todos están imputados por el delito de homicidio con dolo eventual, es decir sabían supuestamente que con sus actos podían causar la muerte de Maradona. Se encuentran en libertad.
Los profesionales de la salud “fueron protagonistas de una internación domiciliaria sin precedentes, plenamente deficiente y temeraria”, concluyeron los fiscales. Agregaron que los acusados deben responder por “acciones y omisiones notoriamente burdas que incrementaron de manera elocuente el riesgo permitido, concretando el fatal desenlace del mayor ídolo del fútbol mundial que, a todas luces, hubiese podido evitarse”.
Los abogados de los acusados podrán objetar el dictamen de los fiscales y el juez Díaz deberá resolver si hace lugar al pedido de elevación a juicio o dispone otras medidas.
El delito que se les imputa a los profesionales de la salud contempla penas de 8 a 25 años de prisión.