El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó este miércoles que las personas que borraron los datos de los celulares de los periodistas en el incidente del canódromo deben ser investigadas e incluso, procesadas.
El mandatario se refirió el tema a través de su cuenta de Twitter.
«Tales acciones han tenido consecuencias en nuestro Gobierno y esta también lo tendrá», dijo Abinader.
En un tuit previo, Abinader indicó que al igual que, “las Altas Cortes, decidimos apoyar a un defensor del pueblo independiente no partidista que por primera vez defendiera la colectividad”.
En ese sentido, el mandatario dijo que apoya las acciones de Pablo Ulloa y todas las que garanticen los derechos del pueblo y la lucha contra la corrupción.
El impasse ocurrió cuando el pasado lunes, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y varios equipos de prensa, acudieron al canódromo para verificar la situación de cientos de personas que desean recuperar sus vehículos.
Cuando intentaron realizar la inspección, fueron recibidos a golpes por los agentes del canódromo y el celular y una cámara de los reporteros fueron retenidos.
Te puede interesar
Director de Digesett visita al defensor del Pueblo y se disculpa por agresión en el canódromo
CDN presenta querella contra la Digesett tras agresión a periodistas en el canódromo
Listín Diario denuncia agentes Digesett borraron fotos y videos del celular de periodista agredido en Canódromo
Tras las críticas, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesset) destituyó a la coronel encargada del canódromo e informó que comenzará una investigación, mientras que Ulloa y los medios afectados se querellaron contra la entidad de tránsito.
La tarde del martes, Pablo Ulloa visitó al jefe de Estado en el Palacio Nacional y dialogaron sobre adecentamiento del canódromo.
Y este miércoles, antes de los tuits del mandatario, el director de la Digesett, general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, se con Ulloa, con quien se disculpó por la agresión y reconoció la inobservancia de la Ley 19-01, que faculta al Defensor del Pueblo a inspeccionar las instituciones del Estado sin avisar.