La defensa del expresidente peruano Alberto Fujimori ha presentado un nuevo recurso de ‘habeas corpus’ para su puesta en libertad, después de que este domingo haya tenido que ser hospitalizado tras sufrir una taquicardia.
Gregorio Parco, el abogado de Fujimori –quien cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad tras ser hallado culpable de la autoría intelectual de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta– ha solicitado su liberación para que, tras ser operado, pueda ser atendido en su domicilio.
Así, Parco sostiene que en su demanda que las autoridades peruanas habrían infringido varios artículos del Código Procesal Constitucional, que establece la posibilidad de otorgar el ‘habeas corpus’ cuando el detenido no reciba el tratamiento médico adecuado, informa ‘La República’.
Además del director del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Omar Méndez y la presidenta del Poder Judicial, Elvira Barrios, la demanda acusa al jefe del Estado, Pedro Castillo, así como a la del Congreso, María del Carmen Alva, por avalar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de no permitir la excarcelación de Fujimori decretada por el Tribunal Constitucional.
«Esta es una demanda de ‘habeas corpus’ correctivo», ha explicado Parco, quien ha criticado el apoyo de Castillo y Alva a la decisión de una «corte de Costa Rica», tal y como se ha referido a la CIDH de no aplicar el fallo del Constitucional. «Todo preso, cuando está enfermo, debe estar en la clínica o en su casa. Es una demanda muy simple», ha insistido.
En la madrugada del domingo, Fujimori tuvo que ser trasladado a un hospital tras presentar un cuadro de descompensación cardiaca. Una vez estabilizado ha sido enviado a la Clínica Centenario Peruano Japonesa para observación. Según su hija, Keiko Fujimori, «sin duda», los últimos fallos judiciales han afectado a la salud de su padre, lo que evidencia, ha dicho, la fragilidad de su estado de salud.
Fujimori –quien en octubre y marzo ya vivió episodios médicos similares– vio como la CIDH anulaba hace unas semanas el indulto humanitario concedido por el Tribunal Constitucional a sus crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
No es el único pleito al que tiene que enfrentarse Fujimori, ya que también está a la espera de conocer si finalmente también es procesado por la esterilización forzosa de casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.