El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), es una institución «escandalosa» que en reiteradas ocasiones pone en «situaciones difíciles» al país desde el punto de vista de la libertad de prensa.

Castaños Guzmán señaló que la República Dominicana actualmente es el foco de lo que no debe pasar en un país donde existe la democracia.

El vicepresidente de Finjus se refirió en esos términos al ser cuestionado por la prensa sobre si está de acuerdo con que se desmantele el Centro de Retención Vehicular El Coco (canódromo), ubicado en la avenida Monumental, en el Distrito Nacional. 

El pedimento de desmantelar el canódromo surgió del obispo de la Diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, luego del incidente registrado por las autoridades a cargo de esa institución entre Pablo Ulloa, defensor del Pueblo, y periodistas que realizarían un recorrido por esas instalaciones debido a denuncias sobre supuestas irregularidades.

«Este país no puede aceptar que desde instituciones como esa (Digesett) se borren datas, lo más grave que pasó ese día fue que se borraron datas que iban a servir como evidencias de lo que pasó ahí. ¿Quién nos dice que cosas como esa no pasaron en el pasado? Y eso es lo que nos debe poner a nosotros en el centro de la reflexión», sostuvo Castaños Guzmán.

Aseguró que una de las personas con las cuales se deben iniciar una investigación es con la que entregó las cámaras y los teléfonos a los medios de comunicación luego de haber borrado las imágenes y videos contenidos en esta, tras agentes de la Digesett haberlas retenido para que no grabaran lo que estaba aconteciendo.

Manifestó que esas situaciones no se deben repetir y que espera que la comisión nombrada por el presidente Luis Abinader establezca las responsabilidades en torno al tema.