En las primeras 15 semanas del 2022, el Gobierno dominicano ha tenido que asumir mediante subsidios más de 9,000 millones de pesos para evitar que los precios reales de los combustibles lleguen al consumidor.
“Tomando en consideración que el 47 por ciento de la inflación de marzo provino de los incrementos en los precios de los derivados del petróleo y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir de productos que no controlamos, yo diría que, dentro de las circunstancias, estamos atendiendo de forma muy efectiva la coyuntura actual”, apuntó.
Informó, además, que la República Dominicana está siendo severamente castigada porque es uno de los pocos países de América Latina que depende casi por completo de los combustibles importados.
“Cuando el mundo esperaba volver a la normalidad, ocurre la invasión rusa a Ucrania, y con ello se producen nuevos incrementos en los precios internacionales de combustibles, materias primas y cereales”, explicó Vicente.
Reforma fiscal
Vicente habló en esos términos al encabezar el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), donde se refirió a la reforma fiscal.
“Aquí, la decisión es si queremos seguir con la misma precariedad o no. Ahora, independientemente de eso, objetivamente, este no es el momento. Como no lo fue el tema durante la pandemia, nosotros no podemos entrar en una discusión de una reforma fiscal en medio de un choque externo como el que estamos teniendo actualmente”, dijo.
Indicó que el Gobierno se manejará con lo que tiene, pero que llegará el momento en el que habrá que sentarse y decidir cómo quieren llegar a la meta de desarrollo.
“Mi día es el subsidio de los combustibles, el recorte de los gatos gastos superfluos, en que instituciones puede eliminar, que funciones puedo fusionar. Nuestro objetivo en este momento no puede estar (en la reforma fiscal). Ese no es nuestro objetivo ahora”, precisó Vicente en una actividad que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Grado de inversión
Indicó, además, que el Gobierno tiene la intención de que el país alcance el Grado de Inversión en un plazo no mayor de diez años.
Explicó que lograr este objetivo traerá beneficios tangibles para el país. Por un lado, se podrá atraer mayor inversión extranjera; el sector privado podrá acceder a menores tasas de interés para financiar sus expansiones y la población en general podrá hacer lo mismo para la compra de su vivienda.
Dijo que el país debe mejorar su calificación de riesgo, que es una puntuación que las agencias calificadoras calculan en función de una batería de indicadores económicos. El funcionario agrupó los indicadores en cuatro grandes grupos: temas estructurales e institucionales; desempeño macroeconómico, finanzas externas y, por último, las finanzas públicas.
“Existen dos elementos que constituyen un ancla de nuestra calificación: el primero es el aspecto institucional, y el segundo, el estado de las Finanzas Públicas”, precisó.