Digeig busca que la transparencia sea una realidad

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La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, afirmó que desde esa institución se trabaja para hacer de la transparencia en la administración pública una realidad en la República Dominicana.

Ortiz Bosch consideró que desde la publicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 no hubo un proceso que le diera seguimiento al tema de la transparencia: “Desgraciadamente, fue un proceso que no se cuidó”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó al país a “desmantelar la cultura del secreto” y no restringir los derechos constitucionales y las leyes de acceso a la información pública.  En la resolución de la SIP se estableció que las restricciones al acceso a la información son una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a la información.

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“Le agradezco a la prensa que nos ayuda con esa sensibilidad a reeducar y llegará un momento en que vamos a tomar medidas, pero transformar una cultura que se abandonó por 18 años es muy difícil”, manifestó Ortiz Bosch consultada sobre la resolución de la SIP. La funcionaria explicó que la Ley 200-04 tiene dos pilares: el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada y la obligación de los funcionarios a informar.

“Hay que educar a la ciudadanía para que ejerza su derecho y hay que llevar al funcionario público a saber que esa es la transparencia. La transparencia es la lucha de lo opaco, es un sistema y estamos bregando día y noche para hacerla una realidad”, garantizó.

En su memoria del año pasado, la Digeig informó que durante los 11 meses de 2021 se recibieron 14,712 solicitudes de información a través del portal único. De las hechas por la ciudadanía, 13,720 fueron completadas, aunque no se especifica si en el plazo establecido en la ley; 947 aún estaban en proceso al momento de redactar la memoria y 44 fueron suspendidas. 

En esos 11 meses la Digeig recibió 86 solicitudes de medicaciones: 79 llegaron por correo electrónico y siete por acto de alguacil.

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