Mientras en la esfera política internacional el debate gira en torno a la responsabilidad por la guerra en Ucrania, en la esfera económica el debate tiene su centro en a quién culpar por las consecuencias que el conflicto ha tenido sobre la inflación.

En efecto, del lado político, son determinantes las escenas de devastación provocadas por los bombardeos, las penurias de la población y los testimonios de los supervivientes. Por ese lado, a Rusia y su presidente no les está siendo fácil justificar su intervención ni presentarla como un medio para lograr objetivos “nobles”. Agrava esa dificultad el hecho de que hasta el último momento, antes de que el ataque comenzara, los rusos estuvieron negando que tuvieran la intención de invadir, lo que ha sido tomado como prueba de que se trató de una operación premeditada, diseñada cuidadosamente para aprovechar el elemento sorpresa, al punto de que el propio gobierno de Ucrania calificó como exageradas y alarmistas las advertencias de los ingleses y estadounidenses de que la intervención era inminente.

Del lado económico, en cambio, los rusos han encontrado más convincente argumentar que los problemas han sido causados por sus rivales occidentales. La audiencia a convencer de una u otra cosa está compuesta por el vasto conjunto de naciones emergentes y subdesarrolladas, pues en su gran mayoría las avanzadas tienen su criterio formado al respecto.

El efecto directo de las sanciones ha estado mayormente limitado a los países más dependientes de los combustibles y productos agrícolas rusos, siendo por ello muy afectados por los problemas de suministro y la interrupción en los mecanismos de pagos y transferencias financieras. Ése no es nuestro caso, salvo en cuanto a una pequeña porción del turismo.

Pero los efectos indirectos, en términos de la transmisión de las consecuencias de la inflación desde las economías desarrolladas, han sido más amplios, y se reflejan incluso sobre los flujos de las remesas.