Nota del editor: William S. Cohen, republicano, es un exsenador de Estados Unidos por Maine y ex secretario de Defensa en la administración del presidente Bill Clinton. Gary Hart, demócrata, es un exsenador de Estados Unidos por Colorado y autor del libro de próxima aparición «The American Republic Can Save American Democracy». Las opiniones expresadas en este comentario les pertenecen únicamente a sus autores.
(CNN) — La comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero está destapando las capas de engaño y decepción perpetrados por aquellos que planearon o participaron en el esfuerzo por anular las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.
Durante su investigación, la comisión descubrió un borrador de un decreto presidencial que ordena al secretario de defensa del expresidente Donald Trump «incautar, recoger, retener y analizar todas las máquinas (de votación), equipos, información almacenada electrónicamente y registros materiales». Más recientemente, la comisión reveló que había obtenido un mensaje de texto enviado por un miembro del Congreso al entonces secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, en el que se instaba a Trump a considerar la declaración de la ley marcial para anular las elecciones de 2020.
Aunque el decreto nunca se emitió y el expresidente nunca invocó la ley marcial, la mera conversación en torno a ambos sirve como una razón de peso para examinar el alcance de los poderes que tiene un presidente estadounidense.
Nuestros Padres Fundadores creían que los controles constitucionales y el equilibrio entre las ramas del gobierno evitarían la concentración del poder político en manos de unos cuantos peligrosos. Pero no contaban con la acumulación de poderes presidenciales secretos que se utilizarían en momentos de emergencia nacional o amenazas a la seguridad nacional.
Entre los más ocultos se encuentran los poderes de emergencia creados por las administraciones presidenciales en respuesta a crisis, reales o imaginarias. Se engloban bajo el título de Documentos de Acción de Emergencia Presidencial, o PEAD, por sus siglas en inglés, y solo requieren que el presidente declare una emergencia nacional en respuesta a una crisis, lo que puede derivar en la suspensión de muchos de nuestros derechos constitucionales.
Este misterioso régimen comenzó durante la administración de Dwight D. Eisenhower, después de que la Unión Soviética desarrollara armas nucleares y la capacidad de lanzarlas. Nuestros planificadores estratégicos comenzaron a pensar en la supervivencia de la nación tras un intercambio nuclear entre nuestros dos países. Esta planificación llegó a conocerse bajo la noción de «continuidad del gobierno», un esfuerzo por abordar la cuestión de quién, y bajo qué autoridad, dirigiría nuestro país si decenas de millones de estadounidenses y estructuras gubernamentales perecieran en un ataque nuclear.
La insinuación del presidente de Rusia Vladimir Putin de que podría considerar el uso de armas nucleares tácticas en Ucrania es un duro recordatorio de que los planes para mantener el orden político en circunstancias catastróficas no son una reliquia del pasado.
Podemos prever circunstancias que no sean una guerra nuclear y que requieran que un presidente tome medidas para preservar el orden y la estabilidad, como en el caso de un gran ataque cibernético o terrorista, una escasez masiva de alimentos y medicinas, una pandemia, una catástrofe climática o un fallo de la red energética.
Como ha señalado el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York «Muchos (poderes de emergencia) son mesurados y razonables, pero otros parecen propios de regímenes autoritarios: dar al presidente el poder de controlar las comunicaciones nacionales, embargar las cuentas bancarias de los estadounidenses y desplegar tropas estadounidenses en cualquier país extranjero».
Aunque estos documentos nunca se han divulgado públicamente, los académicos y los periodistas han obtenido información sobre su alcance gracias a la publicación de algunos documentos gubernamentales relacionados que hacen referencia a los PEAD anteriores. Los que más preocupan, sobre todo a los que deseamos proteger nuestros derechos constitucionales, incluyen la suspensión del habeas corpus y de las elecciones nacionales, el silenciamiento de la prensa, la censura de la información, diversas formas de ley marcial, la detención y el arresto de individuos designados como terroristas o enemigos del Estado, y mucho más.
Actualmente, solo podemos especular sobre cuántos PEAD siguen existiendo y sobre la naturaleza de las acciones propuestas que contienen, ya que no se han sometido a la supervisión del Congreso por décadas.
Pero esa misma discreción sobre los planes de acción presidenciales mantiene al pueblo estadounidense, incluidos sus representantes elegidos, en la oscuridad sobre los poderes extraconstitucionales que los posibles autoritarios entre nosotros podrían utilizar para suprimir nuestras libertades, no en aras de la supervivencia, sino en busca del poder político.
Creemos que es imperativo que los líderes del Congreso nombren comisiones selectas para examinar el alcance de los PEAD, llamar la atención de la prensa y del público sobre los poderes extraordinarios que incluyen, y producir un plan para reformar, y si es necesario cancelar, el laberinto de decretos establecidos a través de este proyecto.
La Ley de Emergencias Nacionales, aprobada por primera vez por el Congreso en 1976 para poner fin a todas las declaraciones de emergencia anteriores y formalizar los poderes de emergencia conocidos del presidente, podría ser el punto de partida para la supervisión del Congreso y una reforma responsable. El Centro Brennan para la Justicia ha ofrecido un proyecto de reforma de la ley que la convertiría en una base más eficaz para la revisión de los poderes de emergencia.
Una de las reformas podría ser la de imponer una disposición de «caducidad» en las declaraciones de emergencia existentes y futuras, de modo que una vez que se utilicen en el caso de una verdadera emergencia, no sigan en vigor mucho tiempo después de que haya pasado esa emergencia. Las auténticas medidas de seguridad nacional, como la ubicación de los centros de mando secretos, pueden protegerse sin la suspensión del habeas corpus o la libertad de prensa.
En tiempos difíciles, incluso durante las pandemias, los actos violentos de insurrección y los trastornos económicos, es cuando la democracia es más vulnerable. Los autoritarios ofrecen estabilidad al precio de un poder ilimitado. Pero la democracia no permite que el poder sea secreto o absoluto.
Nuestra nación puede sobrevivir mejor a una amenaza exterior o interior si nuestros ciudadanos están bien informados y no son rehenes de un proyecto oculto de gobierno autoritario disfrazado de seguridad democrática.