En un escenario inflacionario dominado por alzas de precios de bienes importados, la eficacia de las políticas económicas domésticas es por lo regular limitada. Y esa limitación es acompañada por una mayor dificultad para determinar el grado en que han surtido los efectos deseados. Dicho de otro modo, la aplicación de dichas políticas en tales circunstancias no suele ser muy eficaz, y la comprobación de la evidencia acerca de su nivel de eficacia toma tiempo para llevarse a cabo.

Idealmente, la solución vendría por la vía de incrementar la producción local de los bienes encarecidos, o de reemplazarlos con bienes sustitutos cuyos precios no hayan subido o hayan aumentado menos. Tanto el incremento en la producción como el reemplazo con otros bienes, sin embargo, no ocurre usualmente de un día para otro, sino que involucra un proceso gradual que se va manifestando paulatinamente. Eso implica que a corto plazo la eficacia de las políticas puestas en marcha con ese propósito sólo puede estimarse tentativamente, sin contar aún con evidencias tangibles de que han conseguido su propósito.

La vía alternativa son los subsidios o los desmontes de cargas fiscales. Si los recursos de que disponen los gobiernos fuesen ilimitados, esta solución podría ser eficaz para compensar las presiones inflacionarias sobre los presupuestos de las empresas y familias. Lamentablemente ése no suele ser el caso en economías subdesarrolladas, lo que provoca que disminuya la eficacia de esta vía.

Todo lo anterior significa que lo que las autoridades en países como el nuestro pueden hacer para combatir las consecuencias de la inflación importada, es susceptible de generar únicamente soluciones parciales, sujetas a no ser apreciadas a corto plazo. El traslado al mediano plazo de la eficacia convierte a las políticas en una competencia entre la duración de las alzas de precio importadas y la capacidad financiera de los gobiernos para continuar la aplicación de las medidas que han tomado.