Un magistrado federal rechazó este miércoles un pedido de la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, para desestimar una demanda interpuesta por la fiscal general de Florida, Ashley Moody, a raíz de una política migratoria que permite la liberación inmediata de indocumentados considerados de bajo riesgo.
En su escrito, el juez federal del distrito norte de Florida T. Kent Wetherell se dijo «totalmente no persuadido» por los argumentos esgrimidos en una moción de la Administración de Biden para que desestimara la demanda entablada por Florida en septiembre de 2021 contra la «ilegal» política migratoria conocida como «catch and release» («atrapar y liberar»).
La práctica, que el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) eliminó y luego Biden reinstauró, consiste en dejar en libertad a los indocumentados detenidos tras cruzar la frontera si son considerados de bajo riesgo, como menores de edad, familias o solicitantes de asilo, mientras esperan sus audiencias de inmigración.
Ante el argumento del Gobierno de Biden de que tienen «discreción sin restricciones» para decidir sobre materia migratoria, el magistrado resaltó en su escrito que «está bien establecido que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley».
«La Corte tiene indiscutiblemente la autoridad para decir cuál es la ley y para invalidar la acción del poder ejecutivo que contraviene la ley y/o la Constitución», añadió.
«La orden de hoy es una gran victoria en nuestra lucha para obligar a la Administración Biden a solucionar la crisis siguiendo la ley», señaló en un comunicado Moody, tras conocerse la decisión del magistrado que permite a Florida seguir adelante con su querella.
La fiscal general de Florida prometió continuar el caso para responsabilizar a la Administración de Biden por ignorar las leyes de inmigración de seguridad pública.