Un dirigente separatista catalán dijo ayer jueves que la jefa de inteligencia de España reconoció que la agencia había intervenido los teléfonos celulares de “algunos” de las decenas de políticos supuestamente afectados por el espionaje, pero aclaró que lo hizo con la debida autorización judicial.
Gabriel Rufián, miembro de un partido independentista catalán, participó de una reunión a puertas cerradas con la directora del Centro Nacional de Inteligencia con un grupo selecto de legisladores,
Un informe reciente del grupo defensor de los derechos digitales Citizen Lab, con sede en Canadá, sobre el uso del controvertido programa Pegasus en España dice que se lo utilizó para espiar a decenas de independentistas en la región de Cataluña.
Ante preguntas de la Associated Press, el ministerio de Defensa, del cual depende el CNI, se negó a hacer declaraciones sobre la reunión con la directora Paz Esteban porque se considera que el contenido es confidencial. Pero importantes medios españoles coincidieron en informar que la directora había mostrado a la comisión las autorizaciones judiciales para intervenir los teléfonos de los separatistas catalanes.
Rufián dijo que el CNI reconoce el espionaje, pero dice que “está en mucha menos gente de la que se había publicado por Citizen Lab”.
En cuanto al resto de los más de 60 políticos, abogados y activistas mencionados por el Citizen Lab como blancos del espionaje, la directora del CNI señaló dos posibilidades: ”“una nación extranjera u organismos del Estado que espían por encima de sus posibilidades legales”.
La reunión tuvo lugar en una sala del parlamento.
Los separatistas catalanes, que quieren crear un Estado nuevo en el noreste de España en torno a Barcelona, habían acusado al CNI del espionaje que salió a la luz hace dos semanas cuando se difundió el informe de Citizen Lab.
El gobierno español ha dicho reiteradamente que el CNI no puede intervenir teléfonos sin autorización judicial. Al mismo tiempo, el gobierno dijo que la ley que protege el secreto de las actividades del CNI le prohíbe confirmar si posee Pegasus, el programa vendido por la empresa israelí NSO Group.
Representantes del gobernante Partido Socialista y del opositor Partido Popular dijeron al cabo de la reunión que estaban satisfechos con las explicaciones de Esteban; en cambio Rufián no fue el único que exigió nuevas medidas.
Albert Botran, uno de los políticos que según Citizen Lab fue víctima del espionaje, exigió que se dé a conocer públicamente toda la información porque afecta derechos fundamentales.
El gobierno español ha prometido que el CNI y la defensoría del pueblo investigarán el informe de Citizen Lab.