Dos periodistas murieron baleadas en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, con lo que se elevan a once los comunicadores asesinados en lo que va del año, que ha sido considerado el más mortífero para la prensa mexicana, anunciaron el lunes las autoridades estatales.
La periodista Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y la reportera Sheila Johana García Olivera, quien también laboraba para el medio, murieron en el municipio de Cosoleacaque, indicó en su cuenta de Twitter la Fiscalía del estado de Veracruz al anunciar la apertura de una investigación sobre el caso.
La fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, dijo en un comunicado que «no habrá impunidad, se agotarán todas las líneas de investigación, incluida su actividad periodística”.
Las autoridades estatales activaron el operativo “Código Rojo” para iniciar la búsqueda y localización de los agresores.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo en su cuenta de Twitter que puso a disposición del gobernador de la entidad y la Fiscalía estatal las capacidades operativas y de investigación para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
Las muertes ocurren a menos de una semana del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, cuyo cuerpo fue localizado el 5 de mayo en un camino de tierra cerca de la localidad de Culiacán, en el estado norteño de Sinaloa.
Al confirmar los asesinatos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas indicó que las comunicadoras fallecieron en un ataque con armas de fuego cuando se encontraban a las afueras de una tienda de autoservicio.
México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el Comité para la Protección de los Periodistas, un organismo activista de protección a la prensa con sede en Nueva York. De acuerdo con sus datos, nueve periodistas fueron asesinados en 2021 en el país.
La dificultad para esclarecer los homicidios de reporteros y activistas es un grave problema en México, según reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien en diciembre admitió que la impunidad en esos casos supera el 90 %.