La extraordinaria expansión de las redes sociales ha motivado que muchas personas y organizaciones asuman posiciones contradictorias. Las alaban como un medio de que la libertad de expresión florezca, si están de acuerdo con lo que en ellas se dice. Pero si no están de acuerdo, califican lo que aparece en las redes como un abuso que debe ser detenido. Ya que el número y diversidad de intereses y puntos de vista es muy grande, la presión por depurar contenidos considerados ofensivos, insultantes, difamatorios, violentos, agresivos, falsos o violadores de la privacidad ha ido en aumento, y ha obligado a las redes a imponer crecientes restricciones sobre lo que sus usuarios presentan o expresan.

La conversión de las redes sociales en empresas cuyas acciones son vendidas al público, agregó otro componente al debate y presiones sobre los contenidos. Cada vez que aflora una controversia sobre algún aspecto, el precio de mercado de las acciones es susceptible de ser afectado, sobre todo si el asunto involucra intervenciones de figuras políticas, investigaciones gubernamentales o la aplicación de controles y sanciones. Ese efecto sobre el valor accionario de la empresa provoca que sus directivos sean aún más cautos en cuanto a cuáles contenidos permitir y cuáles suprimir, inclinándolos de ese modo a asumir posiciones más conservadoras y restrictivas.

Dada la cantidad de las cuentas y páginas activas, las redes han enrolado a un virtual ejército de colaboradores a fin de revisar y borrar contenidos, atender denuncias, suspender accesos y filtrar nuevas colocaciones, auxiliándose para ello de programas informáticos desarrollados con ese propósito.

El resultado ha sido un progresivo incremento en la censura de lo que los usuarios pueden decir o mostrar a través de las redes sociales. El objetivo de protegerlos  como receptores de contenidos peligrosos o inapropiados, ha llevado a restringir las actuaciones de esos mismos usuarios como suplidores de contenidos.