El general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), uno de los principales imputados en el caso Coral 5G, acudió este miércoles a los tribunales para que ordene al Ministerio Público que le entregue documentos bancarios e informe de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Cuerpos de Seguridad Turística (Cestur).
Sin embargo, igual que como pasó con otros imputados en el caso de corrupción Coral y Coral 5G, el juez se declaró incompetente, en virtud de que la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional es la que está apoderada de la acusación del caso y tiene pendiente designar un juzgado para que se encargue del proceso penal.
De acuerdo con información de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la red de corrupción de la que Torres Robiou formaba parte (Coral y Coral 5G) movió al menos 4,500 millones de pesos.
La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca fueron entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
En la lista de los acusados de esta red están: los generales Adán Cáceres Silvestre, Julio de los Santos Viola, además Rafael Núñez de Aza, Raúl A. Girón Jiménez, Boanerges Reyes, Antonio Mata Flores, Carlos Lantigua Cruz, Blandesmil Guzmán, Miguel Ventura; la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Flete Guzmán, Erasmo Pérez Núñez, Kelman Santana, José Rosario Pirón, Jehohanan Rodríguez, Esmeralda Ortega, Alejandro Montero, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de Santos Viola, Manuel Alba Solano, Elida Trinidad Santiago, Manuel Alba Trinidad y Raymel Rosario Viola.
Además, están Pedro Castillo Nolasco, Rosa Antonia Disla, Onoris Beatriz Soto, Erick Pereira Núñez, Santiago A. Suárez, y Guillermo Torres Robiou.