Altas Cortes presentan sus principales retos

Entre los principales retos que presenta el sistema jurisdiccional dominicano está el mantener la defensa de la constitucionalidad, garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia, que la misma sea eficaz y eficiente, crear las leyes que permitan la evolución del sistema judicial acorde con los nuevos tiempos y construir las infraestructuras para que estas cortes puedan ejercer las funciones para las que fueron creadas de forma más digna.

Estos enunciados son parte de lo expresado por los magistrados presidentes del Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral, Milton Ray Guevara, Luis Henry Molina e Ignacio Camacho, respectivamente, quienes participaron del conversatorio “Retos del poder jurisdiccional desde la perspectiva de los presidentes de las Altas Cortes”, organizado por el decanato de postgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

En ese escenario, Ray Guevara afirmó que el Tribunal Constitucional no fue creado por un encantamiento de alguien, sino que ya en el 1971 se había solicitado al entonces presidente Joaquín Balaguer la creación de un tribunal de garantías constitucionales y que el expresidente Salvador Jorge Blanco sometió dos proyectos con esos fines, el primero siendo senador y luego otro cuando fue electo presidente.

“La función esencial nuestra, y sigue siendo en lo jurisdiccional, es garantizar la supremacía de la Constitución, que no es una tarea fácil, y proteger los derechos constitucionales”, afirmó el presidente del Tribunal Constitucional.

En tanto que el magistrado Luis Henry Molina destacó el proceso de digitalización del Poder Judicial, haciendo énfasis en el proyecto de ley que reposa en el Congreso Nacional y que procura que algunos procesos en las salas de los tribunales puedan hacerse de forma virtual, entre otros aspectos de la digitalización.

“El Poder Judicial maneja al año más de 450 mil casos. No podemos tener un Poder Judicial con una visión del siglo XVIII, por eso se ha planteado pasar de la era del papiro a la era digital. El 95 por ciento de los usuarios que acuden al Poder Judicial van a buscar papeles, depositar papeles o a consultar papeles y el 40 por ciento de los usuarios del sistema de justicia, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo hacían de forma digital”, explicó el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Mientras que, para Ignacio Camacho, presidente del Tribunal Superior Electoral, el principal reto que enfrentó fue devolverle la credibilidad y la imagen a esa institución. “Tuvimos que enfocarnos bien a fondo para devolverle la credibilidad a ese tribunal”.

“Todos los procesos que nosotros conocemos en el tribunal de lo contencioso electoral siempre está pendiente la democracia. El Tribunal Superior Electoral surgió necesariamente para hacer valer la democracia, la democracia en las elecciones, pero también la democracia después. Fíjese que a partir del establecimiento del tribunal superior electoral ya no vemos en los partidos políticos la tiradera de sillas, ya no vivimos en los barrios la gente enfrentadas a pedradas y con armas porque ya la gente sabe a dónde ir.

“Entonces al Tribunal Superior Electoral, hay que mantenerlo, hay que fortalecerlo y hay que conseguirle como decía, una mejor edificación de la que está, porque ahí se hace imposible el trabajo del día a día”, afirmó Camacho, coincidiendo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien afirmó que las principales edificaciones que alojan los principales tribunales y órganos de justicia en varias provincias y el Distrito Nacional se están prácticamente cayendo, por lo que abogó por nuevas construcciones.

En sus conclusiones finales el presidente del Tribunal Constitucional consideró que en el país se produjo un cambio muy grande a partir de la Constitución del 26 de enero 2010.

“Creo que es momento de que nuestro país elabore, un plan estratégico nacional para el sector justicia. En el mismo, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, el Colegio de Abogado y las asociaciones de abogados, las escuelas de derecho deben establecer los lineamientos y principios rectores del quehacer jurisdiccional para los años por venir que contenga los paradigmas del funcionamiento de la justicia que la sociedad y el pueblo dominicano merece. Considero que ese referido plan debe contar con por lo menos los cinco objetivos estratégicos siguientes: promover el acceso a la justicia, garantizar la transparencia plena del Poder Judicial, transparencia y rendición de cuentas, eficiencia en la calidad y la prestación de los servicios de Justicia, impulsar el mejoramiento permanente y modernización del sistema de justicia, institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia y combatir la impunidad para contribuir con la Seguridad Ciudadana”, dijo Ray Guevara, recordando un planteamiento hecho en 2014.