Las investigacio­nes sobre las tor­turas policiales llevan cursos di­ferentes: mien­tras en el caso del crimen de Richard Báez, Santiago, el ministerio público lleva a la justicia a tres oficiales, el de Gregorio Custodio, de San José de Ocoa, aun está pen­diente de solución en mo­mentos en que el estudio fo­rense atribuye su deceso a un paro cardíaco.

Ayer, el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, rechazó las declaraciones de la Policía de que entregó “sa­no y salvo” a Báez a la Fiscalía local y que los agentes impu­tados por el caso no son res­ponsables de la muerte del barbero.

En el caso de Custodio, la médico forense del Institu­to Nacional de Ciencias Fo­renses (Inacif) de Azua, Ka­tiuska Ferreras, expresó que los golpes que presentaba el cuerpo no podían causarle la muerte.

Santiago
Las declaraciones de Bonilla se produjeron tras la con­clusión del interrogatorio de la Procuraduría General de la República a los tres agentes acusados de oca­sionarle la muerte a Báez, quienes fueron conducidos en calidad de detenidos a la cárcel del Palacio de Jus­ticia local.

El miércoles, el ministe­rio público informó que so­licitará prisión preventiva como medida de coerción contra estos oficiales por su vinculación al fallecimien­to de Báez, un hombre que fue agredido mientras se en­contraba en el destacamen­to del sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santia­go Oeste.

Se trata del capitán Mano­lo Aquino, encargado de la Di­rección Central de Investiga­ciones Criminales (Dicrim) en Cienfuegos; el primer tenien­te Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladi­mir Joel Jerez Suárez.

Asimismo, de acuerdo con los fiscales, este grupo incurrió en los delitos de asociación de malhechores, homicidio y ro­bo en perjuicio de Báez.

Según la solicitud de me­dida de coerción depositada, el ministerio público aseguró que los agentes policiales for­maban parte de una patrulla motorizada que efectuaba un operativo preventivo en la co­munidad El Semillero, del re­ferido distrito municipal, en donde detuvieron a Báez.

Precisó que el peluquero fue perseguido hasta su casa y que recibió múltiples golpes cuando intentaba alcanzar la puerta de la vivienda, mien­tras gritaba y pedía auxilio a su padre para tratar de salvar la vida ante el ataque de los agentes policiales actuantes.

Igualmente el referido do­cumento resaltó que mientras Richard estuvo en el cuartel, este denunciaba que los agen­tes le habían sustraído 30,000 pesos, cuya devolución exigía, pero a cambio recibía golpes de los agentes policiales.

San José de Ocoa
Sobre la condición del cuerpo de Custodio, la forense Ferreras describió que “tenía laceracio­nes y abrasiones dispersas en el cuerpo pero estas no le po­dían causar la muerte porque no le afectaron ningún órga­no vital, es decir, no le afecta­ban los pulmones, el corazón, el hígado o ningún otro órgano que pudieran poner en riesgo su vida”. No obstante, la espe­cialista instó a las autoridades acudir al centro médico donde fue llevado para que expliquen en las condiciones en la que fue referido al hospital y el porqué.

“Yo considero que deben partir desde ahí (el hospital) para que investiguen por qué lo llevaron, cómo llegó, cómo se le trató y qué pensaban los médicos, porque él fue llevado varias veces y lo atendieron al­rededor de seis o siete médicos antes de llegar a la sala del In­acif”, agregó.

Dijo a reporteros de LIS­TÍN DIARIO que las lacera­ciones que el cadáver tenía se mostraban en las rodillas, en la parte traseras de ambas piernas, en los glúteos especí­ficamente en la parte inferio­res y en la espalda.

“No fueron golpes fuertes, esas abrasiones encontradas se quedaron en la piel y el teji­dos celular subcutáneo; cuan­do uno diseca el cadáver se ob­servan en la piel pero cuando la quitamos del tejido adiposo se nota que ni siquiera traspa­só a fracturar un hueso ni con­tunden los músculos”, contó la doctora agregando que fueron superficiales.

UN APUNTE
Estados Unidos denunció crímenes
Según un informe pre­sentado el 12 de abril pasado por los Esta­dos Unidos, en Repú­blica Dominicana la Policía Nacional viola los derechos humanos de las personas, con el apoyo del Gobierno de turno.

Destaca que al menos 4,000 personas fue­ron asesinadas, presun­tamente, enfrentado a la Policía, y fuerzas de seguridad en los años 2010 hasta el año que va en curso.