Recusan juez que conoce caso muerte de David de los Santos
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Pablo Imbert Rosario fue recusado este viernes por el abogado Heriberto González Lora, representante del destituido raso de la Policía Nacional, Sari Manuel Gonzales García, y ahora será la Corte la que determinará si sigue o retira al magistrado.
La recusación dentro del derecho procesal es una forma de apartamiento de un juez de un proceso, cuando una parte considera que su imparcialidad se encuentra en duda.
GonzáleZ Lora decidió recusar al juez debido a los incidentes ocurridos en audiencia y porque el magistrado no acogió ninguno de los pedimentos de la defensa técnica de los señalados.
«En el día de hoy se planteó una audiencia bastante incidentada y en el transcurso de la audiencia se formaron no menos de ocho pedimentos de la defensa técnica y todos fueron rechazados por el juez», afirmó el abogado tras salir del proceso que se realizó a puertas cerradas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Además, alegó que recusó porque se estaba conociendo un anticipo de pruebas de un ciudadano haitiano que no tiene nombre.
El abogado dijo que su colega Cándido Simón fue sacado de la audiencia y que ese tipo de actuaciones también motivó la recusación.
Asimismo, Waldo Paulino, abogado del cabo de la Policía, Alfonso Decena declaró que decidió no acoger la recusación al juez debido a que considera que este actuó en derecho y con independencia.
Piden un año de coerción
La magistrada Magalys Sánchez, en representación del Ministerio Público, expresó que ese órgano ha solicitado un año de prisión preventiva contra los cuatro policías y tres civiles involucrados en la muerte del joven David de los Santos.
«En el día de hoy también estaba fijado conocerse un anticipo de pruebas para escuchar un testimonio que es extranjero», indicó Sánchez.
Asimismo, la representante del órgano acusador refirió que la defensa ha estado usando tácticas dilatorias y que debido a la «litigación temeraria» muchos de los abogados han sido condenados a quince días de salarios del juez de primera instancia, otro de los abogados fue invitado a que se retirara del salón de audiencia.
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Cándido Simón es uno de los abogados multados. El Ministerio Público dice que todo el accionar de los togados es con la intención de que no se conozca la medida de coerción ni el anticipo de pruebas.
