La organización humanitaria Cristosal informó este lunes que ha recibido casi 700 denuncias por violaciones a derechos humanos en El Salvador, en el marco de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo.

La Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, decretó la suspensión de garantías constitucionales por 30 días tras una escalada de asesinatos y posteriormente  amplió el plazo hasta finales de mayo.

«Hasta ahora, el sistema de registro de casos de violaciones de derechos humanos de Cristosal ha recibido casi 700 denuncias, en su mayoría son detenciones arbitrarias», afirmó en sus redes sociales Cristosal, que también ha acompañado a las víctimas de la violencia de las pandillas.

La organización no dio más detalles de las denuncias, que hasta el viernes sumaban 555, con 556 víctimas.

De ese último dato, el 87,7 % de las denuncias eran por detenciones arbitrarias atribuidas a agentes de los cuerpos de seguridad, mientras que el 4,7 % es por lesiones y el 0,4 % por muerte de persona detenida.

De acuerdo con Cristosal, hasta el viernes suman 16 las personas fallecidas y que habían sido detenidas bajo el régimen de excepción.

La organización compartió el testimonio de un familiar de una persona detenida, quien señaló que «la Policía se lo llevó el 5 de abril» a un hijo y «no sabemos naditita (nada) de él».

«Un policía lo tiró al piso, le puso la esposas y se lo llevó. No le preguntó nada, no le explicaron nada» y «todos nos quedamos asustados», relató una mujer en un video en el que su identidad es cubierta.

Este lunes, de acuerdo con grabaciones de medios locales, cientos de personas se concentraron fuera del centro penal La Esperanza, cerca de San Salvador, para pedir información de detenidos.

Según constató Efe, a los lugares de detención llegan principalmente mujeres para pedir información.

David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal, advirtió que bajo las masivas detenciones de supuestos pandilleros, las autoridades también han arrestado a personas «que no son pandilleros y se les somete a graves sufrimientos y violencia de Estado».

«Creo que estamos en una situación donde ya se configura un escenario posible de lesa humanidad y que es un momento de alerta temprana que estamos tratando ya de lanzar a la comunidad internacional», apuntó Morales.

Alertó que en El Salvador estaría reapareciendo la figura del «detenido desaparecido» en los casos en los que las autoridades no dan información a las familias de los detenidos.

En el marco de esta «guerra contra las pandillas», llamada así por el presidente Bukele, las autoridades han detenido a 33.812 personas.