La Justicia de Honduras declaró este martes culpables, en la repetición del juicio, a cuatro exfuncionarios penitenciarios por la muerte de 360 personas durante un incendio en la Granja Penal de Comayagua registrado el 14 de febrero de 2012, informó el Ministerio Público.

El exdirector de la cárcel Wilmer Obdulio López y el encargado de las llaves de la penitenciaria, José Víctor Mejía, fueron condenados en el nuevo juicio por «360 homicidios culposos y la violación de los deberes de los funcionarios», indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Por su parte, el encargado de la seguridad de la Granja Penal, Rito Yánez Lico, y el comandante de guardia, Santos Soriano López, fueron sentenciados por violación de los deberes de los funcionarios, ya que eran responsables de la protección de los presos, señaló.

El tribunal hondureño fijó para el 17 de julio la audiencia de individualización de pena y sentencia, en la que el Ministerio Público solicitará la pena mínima por el delito de homicidio, que suma —por las 360 víctimas— 1.800 años de cárcel para el exdirector del penal y el encargado de las llaves de la misma.

En tanto, el delito de violencia de los deberes de los funcionarios públicos no tiene una pena privativa de la libertad.

El incendio en la Granja Penal de Comayagua, ubicada a unos 80 kilómetros de Tegucigalpa, se registró entre la medianoche del 14 de febrero y la madrugada del 15 de febrero de 2012 por causas accidentales, según el informe oficial de la investigación realizada por el Ministerio Público hondureño y un equipo de expertos de Estados Unidos.

Al momento del siniestro, la cárcel contaba con 852 internos, muy por encima de su capacidad, 352 de los cuales fueron alcanzados por las llamas, además de una mujer que se encontraba en el lugar visitando a su marido.

Otros siete reos murieron en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, capital hondureña, debido a la gravedad de las lesiones que sufrieron durante el incendio.

Durante el hecho, los sentenciados eran los encargados de «salvaguardar la vida de los privados de libertad, pero ellos se enfocaron en asegurar el perímetro y no en cumplir su responsabilidad de velar por el bienestar de los presidiarios, acción que derivó en 360 víctimas mortales», precisó el Ministerio Público.

Los cuatro acusados habían sido absueltos de responsabilidad penal en el primer juicio, celebrado en 2017, por lo que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras presentó un recurso de casación contra el fallo, que fue revocado por la Sala Penal del Supremo hondureño y ordenó la repetición del proceso judicial.

La mayoría de la treintena de cárceles que integran el sistema penitenciario de Honduras funcionan en edificios obsoletos, algunos con más de un siglo, y en total hacinamiento, pues albergan unos 22.000 reclusos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los presos han sido condenados, según cifras oficiales.