A diario aparecen reportes noticiosos acerca de las consecuencias del conflicto en Ucrania, en términos de inflación, desajustes fiscales y descensos en el crecimiento económico. Menos mencionado es lo que aparenta ser un cambio de actitud respecto de los gastos militares. Se observa, por ejemplo, una notable variación en la opinión pública en Suecia y Finlandia respecto de la preparación contra una agresión externa y el posible ingreso de esos países en la OTAN, que había sido rechazado hasta ahora. El cambio de actitud, sin embargo, se refleja también en otra esfera, con más intensas repercusiones en el ámbito económico.

Ha sido tradicional, especialmente en los EE.UU. la renuencia de científicos e investigadores privados, que laboran en el entorno universitario o corporativo, a que sus hallazgos sean destinados o aprovechados para fines militares. Son varios los relatos de importantes investigaciones que fueron financiadas de forma encubierta por entes gubernamentales ligados al estamento militar, para sorpresa de los científicos involucrados, y provocaron que éstos se retiraran de esos proyectos. Es posible que el persistente recuerdo del empleo de los avances en física, química y biología para la confección de armas nucleares, sustancias tóxicas y gérmenes patógenos haya engendrado una resistencia a participar en investigaciones que puedan culminar en tragedias y sufrimientos.

Pero la intensidad de esa renuencia ha disminuido en el ámbito tecnológico. La percepción de que Rusia, China, Irán, Corea del Norte y otras naciones están dispuestas a utilizar sus adelantos técnicos para infligir daños a la infraestructura, comunicaciones y mecanismos de defensa de sus rivales, ha causado, según lo revela una encuesta de la Corporación Rand entre firmas de Silicon Valley y departamentos de informática, que las dos terceras partes de los encuestados no objeta ahora que los avances en inteligencia artificial puedan ser usados con propósitos militares.