El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó este lunes que se ha desatado una “persecución política” contra él, a raíz de la decisión de la fiscalía de incluirlo en una investigación por supuesto tráfico de influencias.
“Debo decirles con indignación, que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la república”, dijo a la prensa Castillo en la ciudad amazónica de Iquitos.
En paralelo, un equipo de la fiscalía acudió al palacio de gobierno en Lima este lunes a buscar información sobre una supuesta contratación irregular de personal.
“Hace unas horas, he tenido que responder al personal que está en Palacio de Gobierno, donde acaba de estar nuevamente la fiscalía, entorpeciendo la labor y denigrando (mi imagen)”, manifestó el mandatario izquierdista. “No he robado ni un centavo”, agregó.
La fiscal Rosario Quico investiga desde enero la supuesta contratación irregular de personal en el palacio durante la gestión de Castillo, que inició el 28 de julio de 2021.
Además, la fiscalía peruana informó el domingo que amplió una investigación a Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada.
Castillo ahora será incluido en el caso del consorcio Puente Tarata III, por el que se investiga si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la presidencia y dos sobrinos del mandatario integran una supuesta red criminal encabezada por el presidente.
La fiscalía señaló que “el presidente fue notificado y tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa”.
La empresaria lobista Karelim López acusó al mandatario y a su entorno más cercano, incluidos los dos sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos de obras públicas.
López coopera con la fiscalía bajo el paraguas jurídico de una “colaboración eficaz” (delación premiada). Si se comprueban sus delaciones, podría obtener una menor pena en caso de que sea condenada por la justicia.
El escándalo estalló cuando la prensa reveló gestiones de López ante Castillo para que el consorcio conocido como Puente Tarata III ganase una licitación para construir un puente en la región amazónica de San Martín.
La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder. Castillo finaliza su mandato en julio de 2026.
Congresistas y ministros investigados
Los congresistas investigados dentro del caso del consorcio Puente Tarata III son: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Moro, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, todos ellos de Acción Popular, por presunto tráfico de influencias. Además, también se investiga al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, por presunta colusión.
Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios y estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en los contratos y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado, previamente designados por el exministro Silva. La fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.
Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la nación, abrió dos investigaciones contra el presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Vale recordar que la Fiscalía de Perú y la Policía registró el pasado viernes la vivienda y la oficina del líder y fundador del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, ubicadas en la ciudad de Huancayo.
Según fuentes consultadas por el diario La República, la investigación contra el exgobernador regional de Junín se debe a las sospechas por blanqueo de capitales, en el marco de las diligencias abiertas por financiación ilegal de las campañas electorales de 2020 y 2021.
Agentes de la Policía, de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad y de la Fiscalía iniciaron a primera hora de la mañana de ese viernes las diligencias en el domicilio y la oficina de Cerrón.