La capital ecuatoriana prohibió a partir de este jueves el porte de armas blancas en espacios públicos, informó el alcalde Santiago Guarderas, en una medida tomada ante el aumento de la criminalidad ligada al narcotráfico en ese país que incluye multas para los infractores.

«No va a ser posible ahora en el distrito (metropolitano de Quito) que personas utilicen cuchillos, utilicen destornilladores, todo tipo de armas que ponen en riesgo la seguridad y vida de nuestros habitantes», señaló Guarderas en un video difundido por el municipio en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el concejal Bernardo Abad, las personas que sean encontradas llevando armas blancas serán sancionadas con medio salario básico, que en Ecuador es de 425 dólares.

La multa subirá a un salario cuando los infractores estén en lugares turísticos, parques o en el transporte público. 

La resolución además prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

Guarderas sostuvo que el ayuntamiento de Quito, la ciudad más poblada del país con unos tres millones de habitantes, también trabaja en una ordenanza para vetar la circulación de dos personas en motocicleta.

Esta «es la tarea que tiene que hacer el concejo para lograr que esos índices de inseguridad que vive Quito puedan disminuir», señaló.

En 2021 la capital ecuatoriana registró 169 asesinatos y en los primeros cinco meses de 2022 se han reportado 52. Los robos subieron de 5.069 casos el año pasado a 6.292 en lo que va de este año.

Ecuador enfrenta un aumento de la violencia criminal y del narcotráfico. El país cerró 2021 con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020.

Por muchos años, la nación se mantuvo relativamente a salvo de la violencia de sus vecinos Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína. Pero en los últimos años los decomisos de droga han aumentado. En 2021 el país incautó el récord de 210 toneladas de droga.

En lo que va de este año las incautaciones alcanzan las 90 toneladas, según la Policía.

Para intentar frenar la violencia, el gobierno del presidente Guillermo Lasso declaró el pasado 30 de abril un estado de excepción por 60 días en las provincias costeras de