Para nadie es un secreto que los “experimentos migratorios” rea­lizados por algu­nos países, entres ellos Chile y México para citar dos ejem­plos, fueron un absoluto fra­caso. El comportamiento ini­cial de numerosos ciudadanos haitianos que fueron acogi­dos no ha sido satisfactorio de las sociedades que les alber­gó con hospitalidad y solida­ridad, a pesar de tolerarles su idiosincrasia y cultura –muy disímil a la región– definitiva­mente mostraron algún tipo de resistencia para integrarse socialmente.

Recordemos los violen­tos episodios entre chilenos y haitianos (2018), en los al­rededores del Paseo Estación Central de Santiago de Chile, que originó una desenfrena­da trifulca entre vendedores informales que discutían con los extranjeros al sentirse des­plazados de los espacios para vender sus productos en la ca­lle, situación que causó pánico entre los transeúntes. Un he­cho que provocó una alarma nacional en ese país, y que se viralizó en las redes sociales.

Algo similar aconteció el 20 de abril 2021, en el mercado público de la ciudad mexica­na de Tapachula, cuando las autoridades migratorias apre­saron a tres haitianos, situa­ción que molestó a una vein­tena de sus paisanos quienes agredieron a la autoridad y emprendieron a pedradas en contra compradores y comer­ciantes.

La República Dominicana no escapa al mal comporta­miento por parte de esos ciu­dadanos que conviven entre nosotros, tanto en los secto­res marginales y diferentes barrios de nuestra sociedad, del mismo modo que residen ciudadanos sudamericanos, centroamericanos, norteame­ricanos y europeos, con la di­ferencia, que los haitianos no se integran ni aceptan las nor­mas de buena convivencia que son generalmente comu­nes en todos los Estados y so­ciedades.

El 18 de marzo del pre­sente año, los dominicanos quedamos perplejos ante los videos colgados en las redes so­ciales, más tarde reseñado co­mo noticia en los principales diarios locales e internaciona­les, donde se ponía en eviden­cia cómo un grupo de haitianos –la mayoría ilegales– lanzaban piedras y botellas contra los ins­pectores del Control Migrato­rio de la DGM, en ciudad Juan Bosch, quienes cumplían labo­res de repatriación de indocu­mentados y debieron abando­nar el lugar para proteger sus vidas, mientras hacían esfuer­zos para evitar una desgracia, que luego sirviera a la comuni­dad internacional o las ONGs haitianas como instrumento acusador contra el país.

Al día siguiente, la DGM acu­dieron al lugar auxiliados de tropas élites policiales y milita­res, haciendo valer la jurispru­dencia en materia migratoria, deteniendo unos 385 haitianos indocumentados, siendo con­ducidos al centro de detención de Haina, para depuración, re­gistro y repatriación, siempre respetándoles sus derechos hu­manos.

El pasado 01 de junio, el di­rector de la DGM, Lic. Enrique García ofreció una entrevista en el programa televisivo “La Op­ción de la Mañana”, que fue reseñada por este prestigioso diario, bajo el título “Director de Migración: El Hoyo de Friu­sa es la esquina más peligrosa que existe en el país”. De acuer­do con el funcionario, este lu­gar representa una alerta para el Estado dominicano porque está tomado por los nacionales haitianos.

Ante las preocupaciones e interrogantes de los panelis­tas, este acotó “nosotros in­tervenimos El Hoyo de Friusa con más de 150 militares, ese es el sitio más peligroso que existe para inteligencia del Estado”. Señalando, además: “Ahí no puede entrar ni la po­licía ni migración, tiene que entrar un contingente”

Para colmo, y sin dejar que nuestra capacidad de asombro nos venza, observamos cómo de manera sutil se anuncia la firma de un acuerdo interinsti­tucional entre el Consulado Ge­neral haitiano de la ciudad de Santiago y la Asociación de In­dustriales de Santiago (ACIS), con el propósito de que los tra­bajadores haitianos puedan op­tar por los beneficios de la Se­guridad Social y así fortalecer el sistema económico, empre­sarial e industrial de ambas na­ciones.

En tal sentido, su presiden­te, Sandy Filpo, explicó que el acuerdo persigue beneficios para empresarios y comercian­tes de los dos países y citó co­mo importante para el empre­sariado criollo, el compromiso de establecer los visados para los socios de las instituciones que pertenecen a ella, que no solo sea de tres meses, sino de un año, para hacer más ágil el proceso.

También se comprometió a impulsar la “regularización del trabajador haitiano” a los fi­nes de que puedan contar con el documento de identidad co­rrespondiente, para que pue­dan acceder a la Seguridad So­cial y al Sistema de Pensiones, y estén debidamente regulados acorde con las leyes dominica­nas de Seguridad Social y de Migración.

Tanto las declaraciones del funcionario de migración, co­mo el acuerdo suscrito entre ACIS y un cónsul haitiano, im­plican dos sergas casi de facto. En la primera, prácticamen­te consentimos la “desnacio­nalización” de una determina­da demarcación del territorio nacional, en la cual el Estado al parecer no tiene autoridad ni jurisprudencia y sus institu­ciones no tienen control sobre una población determinada. El otro, y no menos importan­te, pero más que preocupante, pero resulta sumamente peli­groso porque una entidad que aglutina un sector empresarial regional se abrogó una especie de “derecho supranacional” ac­tuando por encima del Estado dominicano.

Sin embargo, hemos ob­servado las intenciones, cohe­rencia y la firme voluntad del presidente Luis Abinader con respecto a Haití y su desenfre­nada-desbordante problemáti­ca migratoria, donde muchos parecen desentonan en cuan­to a su intención. Aunque en los casos mencionados, uno corresponde a un funcionario estatal y el otro a un represen­tante civil de una entidad no gubernamental, pero ambos deberían estar centrados en el interés nacional, dejando por de lado el interés personal o grupal del momento.

Entendemos que ninguna entidad, cualquiera que sea, jamás estará por encima del Estado ni de sus instituciones. De ser así, entonces como so­ciedad estamos colapsando y debemos revisarnos, porque absolutamente nadie está por encima del interés nacional, por bien intencionados que su­pongamos sean sus propósitos.

El pasado 10 de junio, con­cluyó la IX Cumbre de Las Amé­ricas, con la ausencia de ocho mandatarios, tres no ser invita­dos por el presidente anfitrión, cuatro no asistieron en protes­ta a esa decisión, y el octavo padecía de Covid-19. El pre­sidente Abinader aprovechó nuevamente un evento inter­nacional para fijar la posición del Estado y del gobierno domi­nicano con respecto a Haití, su inestabilidad sociopolítica y el dominio territorial de las ban­das criminales en ese país.

El mandatario reclamó a la comunidad internacional que acuda en auxilio de Haití, se de­je de retóricas y seminarios pa­ra seguir buscando soluciones a la crisis institucional, econó­mica, política, social y de segu­ridad que acosan al país cari­beño, con la correspondiente “advertencia” de que República Dominicana no es ni será una solución al drama haitiano.

Es de suponer, que se tiene previsto en este tipo de reunio­nes que los temas a discutir se aborden en las plenarias y me­sas técnicas, y más el tema mi­gratorio sobre el cual Estados Unidos presentó un documen­to que involucra a toda Améri­ca Latina, principalmente para República Dominicana, donde la migración haitiana represen­ta más que un asunto migrato­rio, es un problema de seguri­dad nacional.

Finalmente, reconocemos la firme decisión del presidente al no firmar la “Declaración de Los Ángeles”, porque lo referente al tema migratorio correspon­de más a un diseño perfilado a respaldar los intereses de Esta­dos Unidos, sin quedar claro lo relativo con la región, principal­mente para nuestro país. Aun­que el documento habla del compromiso de promover el “desarrollo de los países de ori­gen” para desincentivar la mi­gración, el fin último sería fre­nar el flujo de indocumentados hacia Estados Unidos, y conver­tir en destino final a naciones que hoy bregan por expulsar ese tipo de inmigración ilegal.

El hecho de no firmar esta declaración, el presidente Abi­nader interpretó el sentir del pueblo dominicano, que nunca aceptaría que nadie violente su soberanía o se procure obligar­la a ser parte de una solución a la crisis haitiana contraria al sa­grado interés nacional.

El autor es miembro fundador del Círculo Delta

Para comunicarse: fuerzadelta@gmail.com